La quita de deuda para Cataluña, que no para el resto que, de hecho, asumen 17.104 millones de deuda pública de la Generalidad ha abierto el apetito de Sumar de seguir enjuagando los números rojos de más administraciones endeudadas en exceso para empaquetar sus boquetes financieros a los gestores y poblaciones responsables. La nueva medida que exige Sumar supone una "reestrucutración" de la deuda local. Traducido: un nuevo regalo para políticos que hayan derrochado con cargo a los ahorros de su población y un castigo para el resto.
El plan de Sumar incluye toda una serie de incentivos a la irresponsabilidad política. Pide "acometer, en la presente legislatura, las reformas legales necesarias para adecuar y actualizar el marco competencial municipal, estableciendo un nuevo marco de competencias definidas exclusivas y compartidas entre las diferentes Administraciones —Estatal, Autonómica y Local— atendiendo al principio de colaboración y cooperación". Y, acto seguido, pasa a pedir "en la presente legislatura, la reforma del modelo de financiación local" e "implementar, con carácter urgente, medidas extraordinarias para solucionar la situación de aquellos Ayuntamientos en riesgo financiero o de sostenibilidad, sin excepción, adaptándose a las circunstancias específicas de cada municipio mediante planes individualizados de actuación". Es decir, un premio para los que peor hayan gestionado sus municipios.
Las medidas, según los comunistas, deben incluir los siguientes puntos:
"a) Reestructuración de la deuda municipal.
b) Flexibilización de los compromisos de pago.
c) Posibilidad de dación en pago de bienes municipales como compensación de deuda.
d) Rebaja sustancial de los intereses de la deuda con el Estado.
e) Establecimiento de periodos de carencia en el pago de la deuda".
Es decir, toda una serie de regalos para los más derrochadores que pagarán las poblaciones menos derrochadoras.
El plan de Sumar también incluye "priorizar en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado:
a) El aumento significativo de las partidas destinadas a los municipios.
b) La inversión en servicios públicos esenciales.
c) El fomento del desarrollo local sostenible.
d) El refuerzo de la autonomía fiscal de los ayuntamientos.
e) La implementación de medidas de redistribución para garantizar la igualdad de servicios en todo el territorio".
Lo único que no explica el plan de Sumar es el coste y quién lo paga. Que somos todos los ciudadanos. La explicación de Sumar tan sólo señala que "no hay ninguna justificación para continuar dilatando las reformas legislativas necesarias para la adecuación y actualización del marco de competencias municipales, así como la regulación de nuevo modelo de financiación local". Y que "las reformas en el sistema de financiación local no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática".
Por todo ello, según el partido de Yolanda Díaz, debe fijarse "como prioridad política la reforma competencial y del sistema de financiación de los municipios y, por tanto, las demandas municipalistas como una prioridad en las previsiones legislativas para esta legislatura".