Yolanda Díaz acaba de incluir entre sus objetivos el de bloquear el desarrollo de las universidades privadas en España. Se trata de centros y plazas que se pagan de forma privada por gente que podría optar a plazas en universidades públicas, con lo que, si se bloquea la universidad privada, la primera consecuencia será la de una sobredemanda de plazas en universidades públicas y, por lo tanto, más problemas para todos los estudiantes -de centros públicos o privados- para cursar carreras universitarias. Pero eso es lo de menos para los comunistas: quieren el fin de lo privado y el daño provocado no les frena.
El plan de Sumar exige los siguientes puntos. "1. Ajustar la financiación de las Universidades Públicas, del 1% del PIB previsto por la LOSU para 2030, al 2% del PIB antes de 2026 al igual que el resto de los países europeos y elaborar un plan financiero plurianual en el que se garantice la financiación suficiente para las universidades públicas. 2. Establecer una moratoria en la creación de las universidades privadas. Los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio para que se apruebe una universidad privada serán preceptivos y vinculantes, con carácter retroactivo". Es decir, que plantean incluso el cierre de universidades privadas ya existentes.
Inspección de universidades privadas
El plan del partido de Yolanda Díaz prosigue: "3. Crear una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección de las universidades privadas. Realizar una inspección de todas las universidades privadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y suprimir aquellas que no cumplan con los estándares. 4. Suprimir toda la financiación de las universidades privadas con fondos públicos".
Añade igualmente puntos dirigidos a planificar por el Estado las plazas: "5. Realizar una planificación desde la Administración sobre la oferta de las plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario equilibrado, proporcional y universal que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública, no eliminando las titulaciones necesarias".
Y no falta el capítulo de aumento de gasto público sin explicar de dónde saldrían los fondos, caso que es obvia -de los impuestos-: "6. Impulsar un sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a la situación socioeconómica del estudiante, que posibilite la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos".
Todo ello porque, según los comunistas, "la convivencia y la colaboración entre lo público y lo privado es posible en una sociedad democrática, siempre y cuando lo privado cumpla con los requisitos establecidos por ley y siempre respetando y cuidando lo público". Pero en absoluto se habla de aplicar las mismas inspecciones y bloqueos a las universidades públicas.
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