El polémico decreto antidesahucios sigue arruinando a miles de propietarios de toda España. El de Mariano es solo uno de los múltiples casos que cada semana llegan a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, pero resume a la perfección la impotencia que todos ellos sufren ante una injusticia de libro. "A mis 50 años, vivo con mi madre y tengo que compartir habitación con mi hija de 14", lamenta este divorciado, cuya casa lleva inquiokupada desde mediados de 2022.
"Y no hay derecho a que yo tenga que privarla de excursiones escolares y de vacaciones porque hay una familia que vive a mi costa. Y tampoco hay derecho a que me tenga que mantener mi madre y que, por culpa de todo esto, tenga una depresión. Porque yo soy el escudo social del Gobierno y a ella, que es una simple pensionista de 80 años, la obligan a ser el mío", dice Mariano indignado.
Aunque el juez fijó el lanzamiento de su hoy inquiokupa para abril de 2023, la mujer se separó, pidió ayuda a Servicios Sociales y se declaró vulnerable, por lo que pudo acogerse al decreto del Gobierno. La realidad, sin embargo, es que, según los vecinos, el hombre, que tiene una empresa de reformas domiciliada en su propia casa, sigue viviendo allí y sus hijos presumen en redes sociales de una vida que dista mucho de la realidad que ella trata de vender.
"Y mientras tanto, yo tengo que hacer frente a la hipoteca, a sus gastos de agua y luz y hasta a las multas de 2.300 euros que les ha puesto la compañía eléctrica por hacer un puente", se queja Mariano, al que lo que más le duele es que su hija de 14 años está pensando en irse a vivir con su madre por esta situación. "Allí tiene su propia habitación y aquí tiene que compartirla conmigo y está en una etapa complicada. Lo entiendo, pero claro que me duele", dice con la voz entrecortada.
Atrapado por las leyes que benefician a los okupas, Mariano ha intentado también pedir ayuda a Servicios Sociales. "Y lo único que me han ofrecido a mí es un psicólogo, pero no me pueden dar más porque, sobre el papel yo tengo una vivienda en propiedad, pero claro… ¿De qué me sirve si soy yo el que la paga, pero la disfrutan otros?", se pregunta.
El origen de los problemas
Este madrileño se animó a invertir en una pequeña casa de 3 habitaciones en el madrileño barrio de Entrevías, a modo de adosado, cuando todavía era un hombre soltero. Su intención era formar en ella una familia algún día, pero, cuando se casó, su mujer prefirió comprar otra vivienda entre los dos para sentirla como propia, así que, en el año 2015, Mariano optó por ponerla en alquiler a un módico precio de 520 euros.
Las cosas no salieron como esperaba: tuvieron una hija en común, pero al poco tiempo se divorciaron y acordaron compartir su custodia. "Mi mujer tenía dos hijos anteriores, así que decidí dejarle la casa a ella y, como yo la mía la tenía alquilada, me fui a vivir con mi madre, porque la niña tenía 5 años y las semanas que me tocaba, necesitaba que me echase una mano", explica Mariano.
Sin embargo, su hija fue creciendo y las necesidades de unos y otros cambiaron por completo: "Allí solo había dos habitaciones, por lo que yo tenía que dormir con ella y, claro, cuando era pequeña, no había problema, pero se fue haciendo mayor y, lógicamente, ya con 12 años necesitaba su intimidad y un espacio para estudiar y para estar sola".
Con todo, aprovechando la finalización del contrato en 2022, Mariano comunicó a sus inquilinos que no les podía renovar el alquiler porque necesitaba la casa para él mismo. Se lo comunicó en abril y les dio de plazo hasta el 1 de julio. "Al principio, ella me dijo que iba a buscar algo, pero, a finales de junio, me llamó y me advirtió de que no se iban a ir porque no encontraban nada que pudieran pagar", recuerda.
¿Quién es el vulnerable?
Al propietario no le quedó más remedio que presentar una demanda, pero lo que no imaginaba es que la batalla legal terminaría alargándose tanto. Los primeros meses, aunque tarde y mal, seguían pagando, pero, en febrero de 2023, todo cambió. "Me dijo que se iba a separar y que, por tanto, iba a recurrir a los Servicios Sociales. A partir de entonces, ya nunca más me pagó: ni el alquiler, ni el agua, ni la luz, ni nada. Es más, me dijo que no la volviera a llamar y mi propio abogado me recomendó que no lo hiciera porque me podía denunciar por coacciones y me podía buscar un problema", recuerda indignado.
El proceso siguió su curso y se fijó la fecha de lanzamiento para abril de 2023. Sin embargo, en el último momento, ella alegó vulnerabilidad y el juez lo suspendió en virtud del polémico decreto antidesahucios del Gobierno que a tantas familias ha condenado desde la pandemia. La realidad, sin embargo, es que todo apunta a una treta para justificar su vulnerabilidad, acceder a todo tipo de ayudas por ser madre soltera y no tener que abandonar la vivienda en cuestión.
"Su marido tiene una empresa de reformas que, además, está domiciliada en mi casa y lo que me dicen los vecinos es que él sigue viviendo allí", denuncia Mariano, que asegura, además, que el ritmo de vida que sus hijos muestran en redes sociales no se corresponde con la realidad que tratan de vender. "Los niños tienen un Iphone y, cuando van a Marruecos, van en avión y le ves con motos de agua en el mar y con quads en las dunas. Es decir, que están engañando a todo el mundo y no hay derecho a que mi hija tenga que renunciar a todo para que ellos vivan a mi costa", dice indignado.
Su vida, la de su madre y la de su hija es muy distinta. "Mi madre está con depresión y yo bueno, pues tengo 50 años y si tengo que privarme de vida social, pues ya está, pero claro que te afecta, porque esto te quita la vida. Y mi hija, por ejemplo, tenía un viaje a Inglaterra con el instituto y le he tenido que decir que lo siento mucho pero que no puedo pagárselo. Pero es que antes todos los años, aunque fuera una semana, nos íbamos los dos de vacaciones a un hotel y ya llevamos dos que directamente no podemos. Y no hay derecho a que todo sea porque hay unas personas que no se quieren ir de mi casa".
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