
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los gobiernos autonómicos que apliquen la Ley de Vivienda en sus territorios "para dar soluciones a las demandas de los ciudadanos". El mandatario socialista declaró que una norma así favorece "la ley de la razón y de la justicia social, y no la ley de la selva". En opinión de Sánchez, la Ley de Vivienda "funciona allí donde se desarrolla y ejecuta".
La titular del ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha esbozado un discurso aún más triunfalista al respecto, señalando que "a los pregoneros del apocalipsis hay que decirles que este gobierno ha demostrado que es posible intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios y mantener la estabilidad de los inquilinos, al tiempo que trabajamos por una mayor oferta y conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda a precio asequible".
Las palabras de Sánchez y Rodríguez nos llevan necesariamente al análisis de los datos para Cataluña, donde la Ley de Vivienda se ha aplicado de forma directa, con más de 270 municipios en los que se están aplicando los "topes" que regulan el precio del alquiler. Sin embargo, la evidencia disponible desmonta el optimismo del Ejecutivo y arroja conclusiones desoladoras, en la medida en que los catalanes tienen ahora menos oferta de vivienda en alquiler y unos precios que siguen al alza.
Datos abrumadoramente negativos para el gobierno
Así, según un estudio elaborado por Idealista, el número de contratos de alquiler firmados en los quince mayores municipios de Cataluña se ha desplomado un 21,5% desde que entraron en vigor la Ley de Vivienda y los "topes" del alquiler. Estos datos se traducen en 4.000 unidades menos a disposición de quienes buscan alquilar una casa o piso en la región.
Si ampliamos el foco, encontramos que la oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 84% desde 2020, de modo que las cifras de medio plazo apuntan una evolución similar a la que se ha dado tras la aplicación de la Ley de Vivienda. Así, la intervención blanda observada hasta 2023 y la intervención dura aplicable desde 2024 ponen de manifiesto una severa contracción de la actividad del mercado del alquiler a raíz de su intervención por parte de la izquierda.
Tampoco tiene sentido afirmar que la renta media de los alquiler ha ido a menos. Sobre el papel, los "topes" limitan sus revisiones al alza, pero la normativa aplicada no recae sobre el precio inicial de los nuevos contratos, en los cuales se están practicando fuertes incrementos del alquiler para compensar el hecho de que la nueva regulación frena sobremanera su aumento.
Así, si se estudia el precio medio del alquiler en Barcelona vemos que ha pasado de 909 euros en abril-junio de 2024, al comienzo de la aplicación de la Ley de Vivienda, a 927 euros en julio-septiembre y 934 euros en octubre-diciembre. En Gerona, este indicador pasa de 648 a 649 euros durante el mismo periodo, mientras que en Lérida crece de 489 a 512 euros y en Tarragona, de 573 a 587 euros.