"La educación privada prima el negocio sobre la calidad", decía el presidente del Gobierno. Así que se ha propuesto frenar "el avance de centros privados", a los que ha llegado a llamar "chiringuitos que no cumplen el nivel".
El argumentario es tan pedestre como quien lo esgrime. La propia María Jesús Montero tiraba de demagogia de la más baja estofa para cargar contra la educación privada porque es allí donde los ricos van a comprarse los títulos y los pobres, que no pueden comprarse los títulos, al final no pueden competir.
Se trata de un argumento sin sentido. Porque si la educación pública es la buena, y la privada es donde se compran los títulos, ninguna institución o empresa querría contratar a alumnos de las universidades privadas. Además, estas aparecerían las últimas en todos los rankings internacionales y, en su lugar, las universidades y centros públicos serían los números uno en todas las clasificaciones educativas internacionales y las empresas se lanzarían a contratar a aquellos estudiantes que salen de estas instituciones.
Pero esto, no pasa. Además, es curioso que el Gobierno haya escogido ahora este caballo de batalla. ¿Será porque cada vez es más difícil encontrar un trabajo y son cada vez más los jóvenes que no pueden emanciparse?
Si fuera preciso abrir un debate en España debería ser el de la excelencia y el del diseño de un sistema educativo que respondiera a las necesidades de España, algo en lo que sólo piensa, al parecer, el complejo privado.
En este sentido, Gabriel Calzada, rector de la Universidad de las Hespérides, ha destacado que el control del Estado sobre las universidades privadas es ya exhaustivo. "Abrimos las Hespérides 16 años después de presentar el proyecto y tras 105.000 páginas de burocracia", ha subrayado.
Por su parte, Domingo Soriano ha subrayado el debilitamiento de la educación en nuestro país y Joaquín Danvila, del IEB, ha destacado las exigencias a las que se ven sometidas las universidades privadas y la capacidad de éstas para atender las necesidades del mercado.
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