España atraviesa una crisis demográfica que no deja de agravarse. En 2023, la tasa de natalidad cayó hasta 1,12 hijos por mujer, el segundo dato más bajo de toda la Unión Europea. Este desplome no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de una combinación de factores culturales y económicos que están minando la renovación generacional del país.
Uno de los factores menos debatidos que pueden influir a favorecer la natalidad desde el punto de vista económico es la fiscalidad. En este sentido, el Impuestómetro 2025 del Instituto Juan de Mariana pone cifras a un sistema tributario que penaliza a las familias y no incentiva la maternidad ni la paternidad. Así, mientras otros países reconocen el esfuerzo económico que supone tener hijos, en España este hecho apenas tiene reflejo en la factura fiscal.
El concepto clave es la "cuña fiscal", que mide la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto que recibe el trabajador, una vez descontados IRPF y cotizaciones sociales. En España, tener hijos apenas reduce esa carga: la rebaja es de solo 4,7 puntos porcentuales en comparación con la tributación de un trabajador soltero sin hijos, frente a la reducción media de 9,1 puntos que se aprecia en los países de la OCDE.
Estos datos ofrecidos por el Instituto Juan de Mariana implican que el descuento fiscal asociado a la paternidad y maternidad es un 50 por ciento más bajo en España que en el promedio de las economías desarrolladas. Así lo muestra el siguiente gráfico:
De igual modo, la cuña fiscal total para una familia española con un solo perceptor de ingresos y dos hijos alcanza el 35,5 por ciento del coste laboral total, frente a la media de la OCDE, donde la suma de IRPF y cotizaciones sería del 25,7 por ciento, casi diez puntos menos. Para este supuesto, pues, el incentivo fiscal ofrecido en España es casi un 30 por ciento más bajo que el apreciado en la OCDE. Lo vemos en el siguiente gráfico del IJM:
España se sitúa como el séptimo país desarrollado con mayor carga fiscal sobre las familias a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y del IRPF. Cabría preguntarse, no obstante, si acaso el gasto público en políticas de familia compensa parcialmente esta circunstancia. Sin embargo, mientras que la media de la UE-27 en este concepto supone unos desembolsos anuales equivalentes al 2,3 por ciento del PIB, en España vemos que dicho epígrafe se queda en el 1,38 por ciento del PIB. Lo vemos en el siguiente gráfico:
Desincentivo a la natalidad
El mensaje que lanza el sistema español es claro: tener hijos no tiene ventajas fiscales relevantes y, de hecho, en nuestro país se ofrecen descuentos tributarios que son entre un 30 y un 50 por ciento más bajos que los observados en la OCDE. A ello hay que sumarle el hecho de que no hay una compensación equivalente en forma de un mayor gasto público en beneficio de las familias.
"Obviamente, la decisión de tener hijos responde, ante todo, a factores culturales, personales y sociales. – pero no podemos ignorar el marco económico e institucional que configura los incentivos o desincentivos que enfrentan las familias. Y, en el caso español, ese marco es claramente hostil", apunta el Instituto Juan de Mariana a manera de conclusión.