Las bolsas se hunden. Las empresas se preparan para fuertes aumentos de los costes y pérdidas de mercados enteros. Y Yolanda Díaz exige una cacería contra las empresas por supuestos abusos de jornadas laborales. Justo en este momento y tras seis subidas del salario mínimo interprofesional y un aumento fiscal acumulado de 16.000 millones de euros en el caso de las empresas.
El partido de Yolanda Díaz quiere que se "adopten las medidas necesarias" para "que los sistemas de registro de la jornada diaria de trabajo cumplan con los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad de información, figurando en un formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado". ¿Por qué lo pide? Pues porque quiere un barrido de arriba a abajo de las empresas para ver quienes amplían jornadas de trabajo en la crisis.
También exige garantizar "una interoperabilidad que permita su acceso y gestión por parte de las personas trabajadoras en el centro de trabajo y en cualquier momento". Y "garantizar una interoperabilidad que permita su acceso a la representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto en el centro de trabajo como en remoto". Traducido: control permanente y hasta vía remota: entrando en los ordenadores de la empresa a distancia para comprobar esos registros.
Precarización laboral
Y todo ello lo reclama cuando peor lo van a pasar las empresas.
Según Sumar, "las relaciones de trabajo en España enfrentan dos problemas estructurales en materia de jornada, que agravan la precariedad y la desigualdad: una jornada de trabajo ordinaria de excesiva duración, que en nada contribuye a la mejora de la productividad, y la proliferación de horas extraordinarias que ni son retribuidas, ni son cotizadas". Para los comunistas, "el exceso de horas extraordinarias no retribuidas constituye una de las formas más graves de fraude y precarización laboral en nuestro país. A pesar de los avances regulatorios y el incremento de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta problemática sigue afectando significativamente a las personas trabajadoras". Y quieren disparar el control de los datos laborales y de las mismas empresas.
El partido de Yolanda Díaz asegura que "muchas empresas se aprovechan del incumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo para obtener ventajas competitivas en el mercado, como medio para reducir costes y ofrecer productos y servicios a precios más bajos, creando una competencia desleal con aquellas otras mercantiles que sí cumplen con la ley".
Castigo fiscal
Y, por supuesto, también consideran desde Sumar que el castigo fiscal es poco: "Otro aspecto preocupante de este fraude es la infracotización de las horas extraordinarias, lo que implica una menor contribución a la Seguridad Social y, por ende, una reducción en las prestaciones futuras de las personas empleadas, como la jubilación, la prestación por incapacidad temporal o la cobertura por desempleo".
"En conclusión, la necesidad de un control horario efectivo y un registro de jornada eficaz resulta una cuestión central no solo porque afecta a los derechos más básicos de las personas trabajadoras (prevención de riesgos laborales, conciliación, prestaciones y derechos de seguridad social), sino porque es fuente de competencia desleal entre aquellas empresas que cumplen con la ley y las que deciden abusar de un Sistema de Seguridad Social del que dependen las pensiones de todas, tanto personas que trabajan
por cuenta ajena, como las que lo hacen por cuenta propia", afirma la formación de Yolanda Díaz.
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