Los agricultores han conseguido que la nueva ley de vigilancia de los suelos propuesta por la Comisión Europea no les suponga más papeleo, o al menos, ese es el acuerdo informal firmado entre los negociadores del Parlamento y del Consejo este miércoles por la tarde. Lo que sí se mantiene es la obligación de analizar todas las tierras para determinar cuáles necesitan recuperación, lo que podría derivar en futuras restricciones sobre el uso de fitosanitarios.
La Unión Europea afirma que más del 60% de los suelos de la UE no se encuentran en buen estado como consecuencia del "uso y la gestión insostenibles, la sobreexplotación y las emisiones de contaminantes". Por este motivo, la Comisión quiere obligar a los estados miembros a analizar todas las tierras de sus respectivos territorios nacionales para que "todos los suelos estén en buen estado de salud de aquí a 2050", según establece la Directiva de Vigilancia del Suelo presentada el pasado 5 de julio de 2023.
Según el acuerdo, los Estados miembros deberán supervisar y evaluar la salud del suelo en sus territorios utilizando "descriptores comunes" que, según la UE, caracterizan los aspectos físicos, químicos y biológicos de la salud del suelo para cada tipo y "una metodología para los puntos de muestreo".
"Para reflejar los diferentes niveles de degradación del suelo y las condiciones locales, los gobiernos nacionales establecerán objetivos sostenibles y no vinculantes para cada descriptor del suelo, en consonancia con el objetivo general de mejorar la salud del suelo", señala el acuerdo.
No hay nuevas obligaciones para los agricultores
Para proteger a los agricultores y silvicultores, la directiva acordada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni a los gestores de tierras. En cambio, obliga a los países de la UE a ayudarlos a mejorar la salud y la resiliencia del suelo (la capacidad del suelo para seguir desempeñando su importante función en el ecosistema). Este punto es muy importante porque los agricultores temían que la norma derivase en más papeleo y burocracia, lo que parece descartado.
Según el acuerdo, el gobierno también tendrá que ofrecer "medidas de apoyo" entre las que se recogen: asesoramiento independiente, actividades de formación y desarrollo de capacidades, así como el fomento de la investigación y la innovación, y medidas para concienciar sobre los beneficios de la resiliencia del suelo. Los Estados miembros también deberán evaluar periódicamente el coste financiero que supone para los agricultores y silvicultores mejorar la salud y la resiliencia del suelo.
Posibles nuevas restricciones
Pero como se suele decir, no todo el campo es orégano, porque la nueva ley europea sí puede derivar en restricciones sobre el uso de determinados abonos o fitosanitarios.
Según ha explicado el Parlamento Europeo, la ley requerirá que los Estados miembros elaboren una lista pública de sitios potencialmente contaminados dentro de los diez años siguientes a su entrada en vigor y "aborden cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente".
Finalmente, 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, elaborarán "una lista indicativa de sustancias emergentes que podrían suponer un riesgo significativo para la salud del suelo, la salud humana o el medio ambiente, y para las que se requieren datos". Esta lista incluirá los PFAS (también conocidos como "químicos permanentes") y los plaguicidas pertinentes.
El Consejo tendrá ahora que adoptar formalmente este acuerdo informal, y el Parlamento deberá entonces refrendar el texto en el pleno, en segunda lectura. La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de esa fecha, los países de la UE dispondrán de tres años para cumplirla.