
El partido de Yolanda Díaz quiere acabar con cualquier brizna de flexibilidad en la asignación de los horarios de los trabajadores en las empresas. En plena crisis mundial por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, Sumar reclama un esquema de control férreo y perpetuo para los empresarios en materia de horarios laborales que incluiría hasta una "interoperabilidad" instantánea y "en remoto" de la Inspección. Ha llegado el tercer grado empresarial.
Sumar reclama una reforma para que se garanticen una serie de cosas. Primero, que se "cumplan los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad de información, figurando en un formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado".
Segundo, que se "garantice una interoperabilidad que permita su acceso y gestión por parte de las personas trabajadoras en el centro de trabajo y en cualquier momento". Y tercero, que se "garantice una interoperabilidad que permita su acceso a la representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto en el centro de trabajo como en remoto". En remoto y con interoperabilidad implica una inspección perpetua al más puro estilo Stasi y vulnerando por completo cualquier presunción de inocencia.
Los argumentos de los comunistas de Sumar señalan que "las relaciones de trabajo en España enfrentan dos problemas estructurales en materia de jornada, que agravan la precariedad y la desigualdad: una jornada de trabajo ordinaria de excesiva duración, que en nada contribuye a la mejora de la productividad, y la proliferación de horas extraordinarias que ni son retribuidas, ni son cotizadas". Y que "el exceso de horas extraordinarias no retribuidas constituye una de las formas más graves de fraude y precarización laboral en nuestro país. A pesar de los avances regulatorios y el incremento de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta problemática sigue afectando significativamente a las personas trabajadoras".
Prevaricación
Lo cierto es que los argumentos lanzan una acusación generalizada que implicaría una inacción o supuesta prevaricación de los equipos inspectores bajo mando de la propia Yolanda Díaz. Porque la Inspección ya opera dentro de la ley, con lo que, si no ha encontrado casos denunciables, debería ser Yolanda Díaz la que diese explicaciones por sus propias acusaciones.
Pero su argumentación pidiendo una monitoreo de las empresas aplicando una investigación puramente ilegal y prospectiva de todas las empresas prosigue: "Así, muchas empresas se aprovechan del incumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo para obtener ventajas competitivas en el mercado, como medio para reducir costes y ofrecer productos y servicios a precios más bajos, creando una competencia desleal con aquellas otras mercantiles que sí cumplen con la ley".
"El exceso de jornada laboral sin la debida compensación representa, además, una vulneración de los derechos de las personas trabajadoras. Las horas extraordinarias o complementarias (en el caso de los contratos a tiempo parcial) no remuneradas generan un desgaste físico y mental, afectando a la calidad de vida y la productividad a largo plazo e impiden el ejercicio de la conciliación y la corresponsabilidad", señala Sumar.
Los comunistas concluyen señalando que "las empresas que recurren a estos abusos obtienen beneficios a corto plazo, pero generan un deterioro en las relaciones laborales y en la economía en su conjunto. La competencia desleal impide que las compañías que respetan la ley puedan competir en igualdad de condiciones, fomentando un modelo de negocio basado en la explotación de la mano de obra"
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