El Gobierno continúa con su sesgo recaudatorio, y esta vez lo hace con la excusa de rebajar los impuestos. Ha sido precisamente María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, la que ha establecido el infierno fiscal que sufrimos, que heredó de Cristóbal Montoro y que ha corregido y aumentado sin ningún tipo de problema. De esta forma, Pedro Sánchez ha incrementado la presión fiscal no deflactando la tarifa del IRPF y poniendo en marcha más de 90 subidas de impuestos desde que llegó al poder.
Ahora, después de amagar con mantener la tributación a aquellos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional después de la última subida, decide quitarlo pero condenado a aquellos que ganan un poco más. El efecto de esta última modificación en el IRPF hace que aquellos que ganen sólo 800 euros más que el SMI cobren de manera efectiva menos que los que cobran el SMI.
Si el salario bruto sube de 16.576 a 17.256 euros, el neto baja de 15.502 a 15.466 euros. Por tanto, el trabajador pierde 36 euros y la empresa paga 898 euros más, lo cual supone una cuña fiscal del 104%. ¿Quién va a querer contratar o subir sueldos bajo estas condiciones?
No sólo eso. Todo ello se suma a una situación económica en su conjunto que no ayuda a la llegada de inversiones. Por un lado, tenemos una productividad en caída libre, una inversión en retirada, una fiscalidad creciente y, también, un marco regulatorio y normativo cada vez más lesivo para los intereses de las empresas. Y ahora, un fuerte riesgo para los sectores primario y secundario de nuestra economía.
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