Pese a que la tardanza había despertado esperanzas de que algo se estuviera moviendo en Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó este martes el primer trámite para activar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, cuya fecha programada de cierre es otoño de 2027 para su primer reactor y otoño de 2028 para el segundo.
Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó la autorización para que ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión de residuos y también de desmontar las instalaciones nucleares, contrate el "servicio de Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz".
La empresa publicó hace un año el proyecto base de licitación y ahora Moncloa autoriza un contrato que supone la activación de los trabajos para desmantelar la central nuclear extremeña a pesar de las crecientes voces en contra, entre ellas las de las propias propietarias de la central, que han reiterado en varias ocasiones públicamente su rechazo a renunciar a la energía nuclear en España y su disposición a hablar con el Gobierno.
El Gobierno precisa que "Enresa está iniciando las labores previas al desmantelamiento de la planta, entre las que se incluye la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización correspondiente, y precisa de los servicios de ingeniería previstos en el contrato para cumplir el calendario establecido", dejando así claro que dicho calendario sigue plenamente vigente pese a las protestas en la región y las presiones políticas.
El contrato, "cuya licitación se iniciará próximamente", tendrá un importe máximo de 23,7 millones de euros, IVA excluido, precisa el Gobierno, que señala que abarca "la elaboración de la documentación y herramientas de gestión del proyecto, la preparación de estudios iniciales e ingeniería de diseño, la preparación de especificaciones técnicas y proyectos de obra, y la elaboración de documentación para la autorización de desmantelamiento".
El Gobierno hace alusión en su anuncio que se trata de un trámite "necesario para cumplir lo previsto en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos", aprobado por Pedro Sánchez poco antes del final de la anterior legislatura "y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima", que incluye el cierre de Almaraz. Según el plan de residuos, el desmantelamiento arrancará en 2030 tras tres años de preparativos que incluyen estos trabajos de ingeniería.
El paso dado por el Ejecutivo, necesario para que los tiempos del calendario de cierre se cumplan, coinciden con los últimos movimientos en el sector, que señalan la posibilidad de que en la próxima Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) que agrupa a los propietarios de la central se pacte una solicitud para que la vigente autorización de explotación se prorrogue hasta 2030. Una "miniprórroga" que a priori no revestiría demasiadas dificultades porque la actual Revisión Periódica de Seguridad, el trámite más complejo para prorrogar la vida de una central, ya contempla la operación hasta 2030 aunque finalmente en su día el Consejo de Seguridad Nuclear sólo aprobara la autorización hasta 2027 y 2028.
Desde el Gobierno, hasta el momento, han rechazado en público mover el calendario apuntando que no hay aún una petición oficial para seguir operando y que fueron las empresas las que acordaron el cierre. Desde el sector, mientras, señalan que la política energética es competencia del Ejecutivo e insisten en que el calendario puede replantearse porque las circunstancias desde 2019 han cambiado.
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