En Libre Mercado hemos venido contando desde el principio como el Gobierno de Javier Milei ha ido destapando distintos casos de corrupción en cuanto al cobro de pensiones en el país del Cono Sur, desde la utilización de radiografías de perro o amputaciones falsas hasta el caso de fallecidos o presos que han estado cobrando una pensión. Pues bien, hoy volvemos a traer las últimas actualizaciones sobre esta cuestión donde el Gobierno del presidente liberal libertario analiza dar de baja más de 220.000 pensiones por discapacidad laboral por irregularidades detectadas en una de las auditorías que se están llevando a cabo.
Como ya hemos contado anteriormente, el gobierno de Argentina está realizando una serie de auditorías con el fin averiguar cuántas pensiones de las que se están cobrando son legítimas y cuáles son irregulares, de manera que se puedan destinar mejor los recursos y que sólo cobren estas pensiones aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.
Pues bien, según el medio Infobae, los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "ya no se sorprenden con nada", pues en los resultados de las auditorías que realizan sobre más de 1,8 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, se han detectado situaciones que navegan entre lo "disparatado" y lo "escandaloso".
Una mujer se disfrazó de su marido para cobrar la pensión
Algunas de las situaciones las hemos contado ya en otras ocasiones, como el caso de una misma radiografía que fue utilizada en 150 trámites, pero otros casos son nuevos como el de una mujer que se llegó a disfrazar para hacerse pasar por su esposo y así cobrar la pensión, tal y como apuntan desde Infobae. También se observó como hubo presos que se presentaron a dicha evaluación, para seguir cobrando el beneficio estatal de 270.000 pesos mensuales.
Las auditorías de las que estamos hablando se iniciaron el pasado 12 de febrero, cuando el gobierno de Milei envió las primeras 300.000 cartas para comenzar a auditar todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral activos. Una cifra que en abril alcanzó las 470.000 citaciones, de las cuales sólo se llegaron a entregar 248.877 cartas.
Entre los motivos que se encuentran para no haber podido entregar 221.189 citaciones se encuentran algunos tales como no haber completado de manera correcta la dirección donde viven los titulares de las prestación, el hecho de que 928 beneficiarios hubiesen fallecido aunque una persona cercana seguía percibiendo la prestación, que 3.900 beneficiarios se negaron a recibir la citación para someterse a una nueva evaluación médica o que 100 perceptores de este beneficio renunciaron a la pensión tras haber recibido la citación.
Un coste anual de más de 700 millones de dólares
Una fuente fiable de la ANDIS dijo a Infobae lo siguiente: "Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos". Por el momento se han realizado 83.616 entrevistas médicas y son 128.660 las que hay programadas. Por otro lado, si las proyecciones llevadas a cabo tanto por el Ministerio de Salud como por la ANDIS se mantienen, el gobierno de Milei podría llegar a ahorrarse en torno a 900.000 millones de pesos en el año 2025, lo que vendría a significar más de 720 millones de dólares.
Una de las sospechas que mantienen desde la presidencia es que estas pensiones se utilizaron durante las últimas dos décadas, especialmente bajo gobiernos kirchneristas, para conseguir un rédito político. Esto dice Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS: "Las estadísticas no mienten, entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 80.000 pensiones a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales, y bajo la presidencia de Alberto Fernández esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023".
En definitiva, según estas últimas informaciones todo apunta a que sólo hemos conocido una pequeña parte de la que puede ser una corrupción sistémica en las pensiones argentinas desde hace años, donde los distintos gobiernos del kirchnerismo han hecho y deshecho a su gusto con el dinero del contribuyente para comprar voluntades que les siguiesen manteniendo en el poder. Algo que le ha podido costar a los argentinos más de 700 millones de dólares al año.