La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado una nueva ofensiva contra los productos relacionados con el tabaco, incluyendo las bolsitas de nicotina. Se trata de un producto que en países como Suecia ha demostrado ser eficaz en la reducción del consumo de cigarrillos tradicionales, pero la dirigente de Sumar no está por la labor de facilitar su despliegue y, de hecho, está preparando un golpe regulatorio a dicha alternativa.
Sin embargo, en todo lo que está haciendo Sanidad hay algo que no cuadra - y no lo dicen los críticos de García, sino los papeles de su propio ministerio. Y es que este diario ha tenido acceso a dos versiones distintas del mismo Real Decreto con el que García pretende abordar esta cuestión. Por un lado está la versión del decreto que Sanidad ha remitido a Bruselas, en cuyo artículo 52 se prohíbe expresamente la venta de bolsas de nicotina con aromas que no sean los del tabaco. Sin embargo, su departamento también ha elaborado un segundo borrador al que ha tenido acceso Libertad Digital y que suprime dicha prohibición.
A continuación se puede comprobar el articulado de la propuesta que ha sido remitida a Bruselas:
En cambio, la siguiente imagen refleja el articulado de la propuesta "B" que también tiene entre manos el ministerio, en la cual desaparece la citada prohibición:
La pregunta se impone: ¿sabe ya el Ministerio que Bruselas no va a aprobar esta versión, en la medida en que supone una restricción de las alternativas al tabaco convencional y, por tanto, una limitación de las opciones que tienen a su disposición los consumidores que desean reducir su exposición a los cigarrillos tradicionales? ¿O quizá esta "doble baraja" es un intento de colar primero el texto más duro y, en caso de ser rechazado desde Europa, activar el segundo como si nada hubiera pasado, todo de espaldas a la opinión pública y mostrando una clara falta de criterio en relación con esta cuestión?
Según ha podido saber este medio, la propuesta inicial de García ha generado protestas casi de inmediato. Por ejemplo, Rumanía ha enviado una nota al Consejo Europeo protestando por el contenido de la norma redactada por el ministerio de Sanidad, alegando que vulneraría el principio de unidad de mercado. También Italia ve con malos ojos la propuesta de García, de modo que no sorprende que las autoridades comunitarias estén analizando con lupa la débil justificación técnica que plantea el gobierno a la hora de defender estas medidas.
Como explicó Libre Mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado recientemente que no existen datos científicos sólidos para justificar la limitación de las bolsitas a 0,99 mg de nicotina, cuando en países del entorno europeo se comercializan con concentraciones muy superiores, de entre 3 y 15 mg. De hecho, la CNMC apunta que este tipo de planteamientos restrictivos no deberían aprobarse mediante decretazos, sino a través de leyes ordinarias y con el debido debate parlamentario.
Además de la falta de respaldo científico, conviene emplear asimismo un razonamiento básico a la hora de reflexionar sobre esta cuestión, puesto que, si quienes desean abandonar el consumo de tabaco convencional no cuentan con la posibilidad de adquirir productos con otro sabor y menor impacto sobre su salud, desaparece por tanto el incentivo para cambiar sus hábitos y dejar de fumar cigarrillos tradicionales.
Por otro lado, las autoridades europeas han venido expresando su voluntad de revisar la Directiva de Trabajo y abordar el asunto de los sabores próximamente. Esto viene a desaconsejar la necesidad de adoptar cambios a nivel nacional que se pueden ver superados por la nueva legislación comunitaria en cuestión de unos pocos años. De nuevo, esto deja a García fuera de juego y lejos de los consensos europeos en materia de regulación de este tipo de productos.
La dirigente de Sumar, pues, estaría actuando de espaldas a la evidencia empírica, de espaldas al principio de mercado único que rige en Europa y de espaldas a las buenas prácticas parlamentarias y de transparencia en el proceso legislativo. ¿El motivo? Fuentes conocedoras de esta controversia explican a Libertad Digital que García quiere cultivarse un posible destino profesional en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y advierten que el juego de los dos decretos se enmarca dentro de esta apuesta. Con este movimiento, la titular de Sanidad buscaría salvaguardar sus credenciales de "luchadora anti-tabaco" tanto en el caso de que salga adelante su decreto prohibicionista como en el escenario de que su propuesta decaiga.
De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante un uso instrumental de las instituciones españolas para construir una carrera personal, mientras se castiga al consumidor español que desea tener acceso a más opciones de producto para reducir su exposición al tabaco convencional y, por el camino, se sigue incrementando la inseguridad jurídica en que operan las empresas y sectores regulados por el decreto, que de hecho lidiarían con una evidente restricción en su capacidad de acceso al mercado comunitario.
Evidentemente, esta situación marca un nuevo episodio en el marco de las tensiones que resultan cada vez más evidentes en la relación de los dos partidos que conforman el gobierno. ¿Está el PSOE al tanto de esta estrategia de "dos barajas" que sigue Sanidad? ¿Ha avalado el PSOE el envío a Bruselas de una norma con evidentes visos de ser rechazada? ¿Acepta el PSOE que la ministra de un partido minoritario marque el rumbo de las políticas sanitarias que luego ejecutan otras formaciones políticas a nivel autonómico? ¿Valida el PSOE que se tramite un veto de estas características sin el correspondiente debate y sin respaldo empírico alguno, situando de hecho al gobierno de espaldas a las recomendaciones de la CNMC?