El Real Decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García sigue generando polémica en Bruselas. Tras publicar en exclusiva este diario que la titular de Sanidad trabaja con dos versiones opuestas del mismo texto —una de ellas enviada a la Comisión Europea en que se restringe severamente la venta de bolsas de nicotina y otra que elimina las restricciones más polémicas—, ahora es el gobierno de Rumanía el que directamente alza la voz y prepara un contundente recurso oficial contra la última ocurrencia de la ministra de Sumar.
En concreto, Bucarest denuncia que la propuesta impulsada por la titular de Sanidad viola el principio de libre circulación de mercancías, consagrado en el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la medida en que limita el contenido de las bolsas de nicotina a 0,99 mg por unidad. Esto supondría, de facto, una prohibición encubierta.
"Imponer un umbral tan bajo equivale a una prohibición indirecta", señala el gobierno rumano, que apunta que la propuesta de García "crea así barreras significativas al comercio y vulnera el principio de reconocimiento mutuo recogido en el Reglamento 2019/515". Tal circunstancia preocupa asimismo a otros gobiernos donde los límites máximos son de 20 mg por bolsa de nicotina, como es el caso de Suecia, Chequia, Dinamarca, Hungría, Alemania, Finlandia, Austria o Eslovaquia.
Las autoridades rumanas critican también que España no ha presentado ninguna justificación sólida que avale esta limitación. "No se han presentado pruebas de salud pública suficientes que respalden esta modificación, tampoco se han evaluado opciones menos restrictivas como las que se han implantado en nuestro país para eliminar el riesgo de venta a menores…", apunta el recurso. Cabe recordar que la CNMC publicó un durísimo informe en el que avaló esta mirada crítica al borrador de García y señaló la falta de evidencias empíricas en el plan de la ministra.
El veto a sabores distintos al tabaco en cigarrillos electrónicos es otro de los puntos más criticados: "España no puede ir más allá de lo permitido por la directiva TPD, y no ha aportado evidencia suficiente para justificar esta prohibición", señala asimismo el escrito. En paralelo, se denuncia que la propuesta del ministerio de Sanidad extiende prohibiciones a productos que ni siquiera están cubiertos por la normativa armonizada de la UE, caso de los cigarrillos electrónicos sin nicotina o de los productos herbales para calentar, imponiéndoles obligaciones desproporcionadas de etiquetado, así como advertencias sanitarias y restricciones de diseño gráfico que impedirían el uso de logotipos y marcas.
Rumanía considera que estas medidas no solo afectan a la competencia y a la libre empresa, sino que también podrían favorecer el comercio ilegal, reducir los ingresos fiscales y "socavar la protección de la salud pública". Asimismo, se denuncia la falta de un periodo transitorio adecuado, contraviniendo la jurisprudencia europea. Productos como las bolsitas de nicotina o los herbales para calentar tendrían que cumplir de inmediato las nuevas normas, sin margen de adaptación. Para otros productos, como los cigarrillos electrónicos, se prevé un margen de 10 meses, insuficiente para rediseñar envases, reformular ingredientes o adaptar líneas de producción.
La queja rumana, a la que ha tenido acceso Libre Mercado, concluye advirtiendo que el decreto español vulnera no solo el TFUE y la Directiva TPD, sino también la Carta de Derechos Fundamentales de la UE —por limitar la libertad de empresa y los derechos de propiedad— y el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, al impedir el uso de marcas sin base legal clara.
Italia también mueve ficha… y no es la única
Fuentes comunitarias consultadas por Libertad Digital confirman que Italia ya está ultimando una respuesta oficial muy similar a la de Rumanía, que se presentará en los próximos días. Además, otros Estados miembros también estudian presentar alegaciones contra el decreto de Sanidad, al considerar que vulnera el derecho comunitario y perjudica a sus exportaciones.
La lista de países donde la legislación aplicable a las bolsas de nicotina es diametralmente opuesta a la que propone García es larga, puesto que el borrador "A" del decreto de Sanidad contraviene frontalmente las buenas prácticas regulatorias de otros Estados miembros de la Unión, como Suecia, Chequia, Dinamarca, Hungría, Alemania, Finlandia, Austria o Eslovaquia.
Este creciente rechazo europeo debilita la posición de Mónica García y amenaza con dejar en evidencia al Gobierno de coalición. Fuentes gubernamentales reconocen a este diario que el PSOE no comparte ni el fondo ni la forma con la que la ministra de Sumar está gestionando este asunto, que abre una nueva brecha entre los socios del Ejecutivo. De hecho, aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha venido maniobrando para presentar a España como un socio comprometido con los planes de la Comisión Europea para el mercado único, el proceder de García actúa en la dirección opuesta y deja a nuestro país en una situación delicada.