El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visto necesario preguntar a la ciudadanía sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el banco BBVA está intentando realizar sobre la entidad bancaria catalana Sabadell. Algo completamente inédito e insólito que contrasta, entre otros muchos casos, con el poco afán del líder socialista por conocer la opinión de los ciudadanos en general y de los grupos parlamentarios en particular en cuestiones como el aumento del gasto en Defensa o su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Aun así, Sánchez ha creído conveniente interrogar a la sociedad por su opinión acerca de la adquisición de Sabadell por parte de la empresa que preside Carlos Torres y, para ello, ha instado al Ministerio de Economía a que formule un cuestionario que se hará público este mismo martes y que lo ponga a disposición de aquellos interesados en su página web.
Por ello, cualquier persona que quiera ofrecer su parecer sobre la adquisición de Sabadell podrá dar su opinión por medio de este formulario hasta el 16 de mayo, según ha trascendido. Un tiempo que acota la norma pues, si bien se estima que la consulta debe tener un plazo de 15 días hábiles para que responda la sociedad civil, esta también especifica que el plazo "podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen".
Esta se produce una vez que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha aceptado las condiciones planteadas por BBVA, por lo que ahora la pelota cae de lado del Ministerio de Carlos Cuerpo, que, aunque no está obligado por ley, hará la consulta según las directrices de Sánchez. Todo ello para, una vez concluida la consulta, decidir si acepta la adquisición de Sabadell, la deniega; o bien decide llevar su aprobación a Consejo de Ministros para que otros ministerios implicados como el de Hacienda o el de Trabajo ofrezcan su opinión al respecto.
La consulta
En concreto, la figura de la consulta pública se encuentra detallada en artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se explica que este tipo de formularios tiene el objetivo de recabar "la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma".
Es decir, que con esta inédita consulta, el Gobierno tendría el objetivo de conocer la opinión de los afectados directos e indirectos sobre los "problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa"; la necesidad y oportunidad de su aprobación; la idoneidad de los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Todo ello, para "recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades", lo que incluye desde asociaciones, sindicatos o empresas; hasta personas físicas. La norma especifica que el formulario debe ser claro, conciso y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
En qué repercute
Asimismo, el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; sentencia que el centro directivo competente, es decir el Ministerio de Economía en este caso, elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo que, entre otras cosas, debe recoger un "impacto por razón de cambio climático" y, ahora sí, "un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública". Sin embargo, la consulta no es vinculante a la decisión del Ministerio de Economía, que no tiene por qué concordar con las opiniones mostradas por la sociedad civil.