No es la primera vez que el presidente del gobierno muestra su desdén por el Estado de derecho y su desprecio por la libertad de mercado y por la propiedad privada. Sin embargo, no existe precedente en nuestro país de algo tan peregrino como someter a consulta popular una decisión empresarial como la opa hostil que el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell hace ya un año.
Se supone que una operación de estas características, sobre la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya se ha pronunciado avalándola y estableciendo una serie de condiciones, no atañe más que a los propietarios de las entidades que luego —eso sí— tendrán que someterse al veredicto de los consumidores. Pero someter a consulta popular una decisión empresarial es una muestra de demagógico "populismo" —valga la redundancia—, propia de un régimen bananero, que no tiene precedentes en Europa y, en general, en el mundo libre y que crea una enorme inseguridad jurídica. Ni siquiera los economistas más proclives al intervencionismo económico avalan que las opas sean sometidas a plebiscito, pues el organismo regulador encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados -más aun en uno ya de por sí tan intervenido como el bancario- en beneficio de los consumidores y usuarios es la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia.
La razón de fondo por la que este gobierno ha lanzado esta peregrina consulta ciudadana cuando jamás ha querido consultar decisiones tales como la amnistía a los golpistas o el incremento del gasto público en Defensa —valga la abismal diferencia entre una cosa y otra— no es otra que tratar de contentar a sus socios separatistas catalanes cuya oposición a la opa del BBVA sobre el Sabadell es pública y notoria. Téngase en cuenta que una entidad como el Sabadell, que tuvo que sacar hace siete años su sede social de Cataluña a causa de la inseguridad jurídica que provocaba el procés, había anunciado a principios de año su vuelta a la localidad barcelonesa, decisión que ahora podría quedar desbaratada si prosperase la opa del BBVA.
Los clientes y accionistas del BBVA como los del Sabadell son y deben seguir siendo muy libres de decidir lo que quieran, como lo serán los de la entidad que resulte si finalmente se lleva a cabo la fusión de ambas entidades o la adquisición de una por la otra. Pero esos derechos no pueden ni deben ser "expropiados" por un gobierno que apela a "criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia" cuando, en realidad, no tiene más interés general que sostenerse, como sea, en el poder.