El decreto impulsado por Mónica García para restringir productos relacionados con el tabaco como las bolsas de nicotina sigue sumando opositores en el seno de la Unión Europea. Si en los últimos días Libre Mercado daba cuenta de la ofensiva de Rumanía e Italia contra la propuesta del Ministerio de Sanidad, ahora ha trascendido que Suecia y Chequia han decidido alzar la voz ante la última ocurrencia de la ministra de Sumar.
En el caso sueco, la gravedad del movimiento es especialmente significativa. Desde que se creó el sistema de notificaciones de medidas nacionales (TRIS) en 1995, el Reino escandinavo únicamente había enviado una objeción formal contra otro proyecto normativo extranjero. Esta es, por tanto, apenas la segunda vez que el país nórdico recurre a esta herramienta, reservada para los casos más graves de vulneración del derecho comunitario.
Así, el gobierno sueco ha presentado una "declaración detallada" contra el decreto de García, lo que activará una suspensión automática del trámite durante al menos tres meses. En ese tiempo, España deberá responder a las objeciones planteadas y justificar por qué pretende imponer restricciones tan severas a productos que están permitidos en el resto del mercado comunitario, donde de hecho se valora la importancia de ofrecer alternativas al tabaco convencional como fórmula para reducir su incidencia.
Como ha explicado Benjamin Dousa, ministro de Comercio Exterior sueco, "vemos que las bolsas de nicotina están bajo ataque en Europa" y "utilizaremos la herramienta más resistente que tenemos" para "proteger tanto el mercado interno como los derechos de los consumidores". Para Dousa, resulta "incoherente" limitar este tipo de productos en una situación en la que fumar cigarrillos convencionales sigue estando permitido y resulta, de hecho, una opción más dañina para la salud.
La queja de Chequia y Hungría, por el mismo camino
Chequia, por su parte, también ha remitido una declaración formal oponiéndose al plan de García. Al igual que Rumanía e Italia, el gobierno checo señala que el decreto vulnera el principio de libre circulación de mercancías consagrado en el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al imponer limitaciones arbitrarias al contenido de nicotina —máximo 0,99 mg— y prohibir sabores distintos al del tabaco.
Este último punto es especialmente relevante puesto que impedir la diferenciación reduce el atractivo de los productos alternativos a los cigarrillos convencionales y atrapa a los consumidores de los mismos en un escenario en que gozan de menos alternativas para dejar de fumar. Así pues, no sorprende que el gobierno húngaro también haya hecho uso del mecanismo TRIS para intentar detener los planes de García.
Tal y como recogió en su momento Libre Mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española ya había alertado sobre la falta de base científica en estas restricciones, subrayando que ni la concentración de nicotina propuesta ni la eliminación de sabores cuentan con respaldo empírico suficiente. Además, advertía que este tipo de prohibiciones severas no deben tramitarse mediante un decreto gubernamental, sino a través de un proceso legislativo ordinario, con mayor debate y transparencia.
En las distintas quejas presentadas hay coincidencia en señalar que la propuesta española podría infringir cuatro elementos clave del derecho comunitario:
- Vulnerar el principio de reconocimiento mutuo establecido en el Reglamento 2019/515.
- Contravenir la Directiva europea sobre productos del tabaco (TPD), al imponer restricciones no contempladas en la armonización comunitaria.
- Atentar contra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al limitar la libertad de empresa y los derechos de propiedad industrial.
- Incumplir los compromisos internacionales de España en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, al restringir injustificadamente el uso de marcas y logotipos.
Asimismo, los socios comunitarios que han optado por iniciar el proceso de reclamación subrayan que medidas como la eliminación inmediata de sabores y el drástico límite de nicotina generarían graves distorsiones de mercado, fomentarían el comercio ilegal, reducirían los ingresos fiscales, y, paradójicamente, podrían ser contraproducentes para la salud pública, al dificultar el abandono del tabaco tradicional.
Falta de rigor y aislamiento
La rebelión europea contra el decreto de Mónica García no solo evidencia la falta de rigor y el aislamiento del gobierno español en esta materia, sino que también amenaza con erosionar la imagen de España como un socio fiable en la defensa del mercado único europeo. A su vez, abre una nueva brecha política interna, pues fuentes gubernamentales reconocen que el PSOE no comparte ni el fondo ni la forma del plan impulsado unilateralmente por la ministra de Sumar, quien ya ha deslizado, de hecho, que estaría dispuesta a tramitar la norma como un proyecto de ley, ante las críticas que ha recibido su pretensión de sacar adelante su legislación vía decretazo.
Con cada vez más países movilizándose en su contra, el futuro del decreto queda en entredicho. ¿Seguirá adelante el ministerio de Sanidad pese al rechazo de media Europa o acabará sacrificando el plan prohibicionista para evitar un conflicto abierto con Bruselas, con sus propios socios comunitarios y con el principal partido de la coalición de gobierno? De momento, las dudas van a más y al Ejecutivo se le abre un nuevo frente.