A imagen de las declaraciones de la ministra Sara Aagesen el pasado miércoles ("les aseguro que no tenemos uranio"), Pedro Sánchez ha proclamado en su extensa intervención inicial en el pleno de este miércoles, como argumento antinuclear, que "en España no hay uranio y tendremos que importarlo". "¿De dónde, señorías?", ha dicho el presidente en alusión a Rusia y obviando que su Ejecutivo no tiene problemas para importar otra materia prima, el gas, del mismo país.
El presidente ha repetido una proclama de Aagesen que enseguida ha sido desmentida con datos: en España sí hay uranio, hubo dos minas que lo extraían, se levantaron plantas de procesado y años después de su cierre, una empresa intentó explotarlo de nuevo, topándose con el rechazo de la entonces ministra Teresa Ribera.
En el turno de réplica, Sánchez ha aprovechado para corregirse a sí mismo ante la avalancha de menciones en redes sociales, entre ellas del PP ("Tenemos más uranio que Pedro Sánchez vergüenza"). Según el presidente, las afirmaciones recordando que España "tiene mucho uranio" son una "simplificación de la realidad". El presidente ha afirmado entre otras cosas que los yacimientos "dejaron de explotarse hace décadas porque eran inviables económicamente y altamente contaminantes" y ha disertado sobre la "minería del uranio", que según ha dicho "genera residuos de larga duración", altos costes de gestión y supone "un extraordinario riesgo para la salud y el medio ambiente". También ha señalado que España "no podría procesar ni enriquecer" el uranio para usarlo en reactores y que sólo cuatro empresas en el mundo pueden hacerlo, de las que "el 60 por ciento están en Rusia y en China". "Crear la cadena de valor del uranio sería imposible, implicaría un coste que España no está dispuesta a asumir", ha zanjado.
Los datos del uranio en España
Las reservas españolas de uranio están recogidas por la Agencia Internacional de la Energía en su denominado Libro Rojo del Uranio, un extenso informe que se publica periódicamente con la situación de todas las reservas de uranio en el mundo y los proyectos de extracción. En él, España aparece como uno de los países europeos con mayores reservas (28.500 toneladas) y también se menciona que se explotó en el pasado y el infructuoso intento de hacerlo en el presente.
En España, los yacimientos de uranio en el oeste de la península comenzaron a explotarse en los años 50. En 1957, abrió la mina de Saelices el Chico, en Salamanca. Permaneció abierta hasta el año 2000 y producía entre 200 y 300 toneladas al año. Mientras, en 1966 abrió otra mina, La Haba, en Badajoz, que hasta su cierre en 1990 produjo unas 30 toneladas. En paralelo, y al calor del desarrollo del parque nuclear español, se construyeron plantas para procesar el mineral: la fábrica de concentrados de Andújar e instalaciones como la planta Elefante, en Saelices, cerrada en 1993 o la planta Quercus, en Ciudad Rodrigo, que produjo casi 5.800 toneladas de concentrado de uranio hasta su clausura en 2002. Del complejo proceso del uranio la única no realizada en España fue la del enriquecimiento.
En nuestro país, aunque Sánchez lo despachara en dos líneas, floreció durante décadas una industria asociada al uranio bajo paraguas público y que hoy tiene como último exponente la fábrica de elementos combustibles de Juzbado, perteneciente a la pública Enusa y que abastece a la mayoría de reactores españoles y también a plantas de otros países europeos. La empresa además se encarga de la compra de óxido de uranio a otros países que después incorpora a los elementos combustibles. Rusia, pese a que Sánchez lo dejara caer, no es el principal proveedor de uranio: según los últimos datos publicados por Enusa, el 65% fue importado de Kazajstán; el 11% de Uzbekistán, el 9,7% de Namibia y el 6,3% de Rusia, entre otros.
El presidente también ha olvidado mencionar la batalla de su gobierno contra la extracción del uranio: Transición Ecológica no concedió el permiso clave a Berkeley, la empresa que intentó abrir una mina y una planta de concentrados en Retortillo, Salamanca, porque sí veía viabilidad económica en la explotación de este mineral. El no primero del Consejo de Seguridad Nuclear y después del ministerio llevó a la compañía a emprender un proceso de arbitraje internacional que puede terminar costando cientos de millones a España.
Prohibido buscar y extraer uranio
En paralelo, el Gobierno socialista impulsó una ley que garantizaría que un caso como el de Berkeley no volviera a repetirse: la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 incluye en su artículo 10 una mención a los "yacimientos de minerales radiactivos" y establece que "no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas".
Precisa que tras la entrada en vigor de la ley "no se admitirán" tampoco "nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos".
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