La irrupción del despacho de abogados norteamericano Amsterdam and Partners en España esta semana ha puesto en la diana informativa a la Agencia Tributaria española. Y lo ha hecho por el abuso de autoridad que, denuncia este despacho, ejerce sobre contribuyentes españoles y extranjeros. Habla directamente de atropello sistemático a los derechos humanos.
Pero esta prerrogativa de pasar por encima de los derechos de contribuyentes particulares y empresas no es exclusivo de los inspectores de Hacienda. También vemos casos parecidos entre los inspectores de Trabajo.
Es el caso del infierno que ha sufrido el dueño de la cadena de perfumerías Primor, Juan Ricardo Hidalgo. Este empresario malagueño denuncia haber sufrido una persecución de uno de los inspectores de trabajo malagueños a los que se refiere con sus iniciales JBG. Un inspector que ha disparado un 15.000% el importe de las sanciones por inspecciones de Trabajo que recibía hasta la fecha esta compañía.
Empezó con Primor en pleno encierro por el covid. "En aquel contexto nuestra única entrada de ingresos era la web, y tratamos de dar servicio desde algunos establecimientos, por ejemplo, una tienda de Marbella. Pues este señor se presentó en esa tienda porque tenía una orden de servicio para inspección del ERTE de una sociedad por un solo trabajador. Uno". Pues bien, "se presentó e inició una inspección por todas las materias y por los cuatro años anteriores y en pleno covid, que las empresas como la mía estábamos sin saber si íbamos a poder sobrevivir o no".
Entre las cosas que hizo fue visitar las ocho tiendas que hay de Primor en Málaga en sólo dos horas. Y en todas ellas inició inspección por cuatro años y por todas las materias.
En total , este inspector reclamaba 30 millones de euros. Para Juan Ricardo, sin duda ha sido "una persecución brutal absolutamente premeditada como están resolviendo los Tribunales no sin cierta dificultad al inicio, porque no fue fácil que los tribunales tomaran conciencia del nivel de indecencia de este funcionario".
Al borde de la quiebra
La actividad de este inspector, JBG, condujo a Primor al borde del cierre: "Estábamos en pleno covid. Primero las tiendas cerradas, luego aforos limitados y todo eso mucho tiempo. Además, nuestras empresas, que nunca habían tenido que financiarse, tuvieron que pedir préstamos importantes para sobrevivir. Y justo en ese momento llega este inspector que impone 30 millones de euros a lo que hay que sumar, intereses y recargos. Por si fuera poco, ya sabe cómo funciona el procedimiento administrativo frente a un inspector, que como tienen presunción de veracidad, ese dinero tienes que pagarlo o avalarlo, y en ese momento no había ningún banco que nos avalase".
En ese momento, Juan Ricardo, como cualquier otro empresario, tuvo que enfrentarse a la terrible decisión de o pagar o denunciar un trato que consideraba injusto y no ajustado a derecho. "Nos salvó enfrentarnos a él. De haber pagado es posible que no hubiéramos podido volver a abrir. Nuestro abogado, Jorge León Gross de KPMG inició una batalla legal que hoy estamos ganando de manera aplastante", dice a Libertad Digital Juan Ricardo.
Estos procedimientos ya se han traducido en más de 55 sentencias a favor de Juan Ricardo y en contra del inspector y han anulado decenas de procedimientos administrativos, reduciendo de manera drástica el dinero reclamado a Primor. Además, de los cerca de 30 millones de euros con los que el inspector había sancionado a las empresas de Juan Ricardo Hidalgo, su defensa ha ganado por vía administrativa y concencioso administrativa suficientes como para ahorrar 16.480.000 euros de esos 30 millones. Además, actualmente hay cuatro querellas en tramitación contra el inspector, que analiza la Justicia.
En esas sentencias se puede leer que el inspector JBG actuó "de forma espuria, arbitraria" con "falta de motivación, con desviación de poder, que atentó a los principios de eficacia y oportunidad, con irregularidades, con deficiencias procedimentales, con ausencia de imparcialidad y objetividad absoluta en el inspector", señala Juan Ricardo, leyendo extractos de las sentencias.
Para este empresario, estas sentencias demuestran "lo escandaloso de la situación que habla de un funcionario público que tiene presunción de veracidad, y que tiene cuatro querellas abiertas por prevaricación y falsedad en documento público".
Preguntado por los motivos de la animadversión que le profería el inspector, Juan Ricardo dice desconocerlo, y lo atribuye a una relación de amistad entre el inspector y el secretario general del sindicato CGT, "con el que hemos tenido conflictos". En cualquier caso, "todo el mundo en Málaga sabe que este señor que tanto exige a las empresas era el mayor incumplidor".
Actividades dudosas del inspector
Juan Ricardo en este tiempo ha recabado información sobre el que quiso convertirse en su verdugo. Así, descubrió que se anunciaba como preparador de opositores. Una actividad que, dice Juan Ricardo, no le está permitida al inspector y para la que llegó a anunciarse en internet. Según las indagaciones del empresario, JBG llegó a embolsarse cantidades de entre 25.000 y 30.000 euros anuales gracias a esta actividad.
Además, siempre según el testimonio de Juan Ricardo, este inspector ofrecía sus servicios de asesoramiento a las empresas a las que inspeccionaba. "Esto lo sabe todo el mundo. Se lo dije en una comparecencia y me denunció por calumnias. ¿Sabe qué pasó con esa denuncia? Que se archivó porque el juez dice que son ciertos los hechos que yo había denunciado."
Otro de los problemas que está teniendo que enfrentar este inspector, según narran fuentes de la defensa de Primor a Libre Mercado, es la ausencia de órdenes de servicio para las inspecciones elaboradas por JBG y que dispararon las reclamaciones contra Primor. Pero no sólo que actuase sin órdenes de servicio, sino que las falseó posteriormente.
Desde 2020, Primor lleva cinco años de lucha contra estas injusticias que les ha llevado a poner en marcha cerca de 200 procedimientos judiciales.
De momento, la Justicia está dando la razón de forma sistemática a un inspector que, según cuentan los mentideros malagueños, era el terror del tejido empresarial y causaba pavor entre aquellos que se lo colocaban en contra, "como una farmacia en la que despidieron a la sobrina del inspector, y este les abrió una sanción brutal", recuerda Juan Ricardo en declaraciones a LM.
De momento, dicen, "se está haciendo Justicia".
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.