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Los escandalosos mensajes de Sánchez sobre el decreto antidesahucios: "Sabían que era un negociazo para los okupas"

Las víctimas de la okupación estallan ante los whatsapps intercambiados con José Luis Ábalos en 2020, en los que reconocen el daño a los propietarios.

Las víctimas de la okupación estallan ante los whatsapps intercambiados con José Luis Ábalos en 2020, en los que reconocen el daño a los propietarios.
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo | LD/Agencias

En medio del revuelo que ha provocado la filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos —muy especialmente por el desprecio con el que el presidente del Gobierno se refiere a sus barones, a la ministra de Defensa y al que fuera su vicepresidente, Pablo Iglesias—, llama igualmente la atención la forma en la que el jefe del Ejecutivo habla del polémico decreto antidesahucios que lleva cinco años arruinando la vida a miles de españoles.

"Esto es muy grave: sabían que era y es un ‘negociazo para los okupas’ y lo han prorrogado durante 5 años, 11 veces, aun sabiendo que están llevando a la ruina a muchos pequeños propietarios, ciudadanos honrados", denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO).

Lo que dicen los mensajes

Los mensajes a los que aluden datan de diciembre de 2020. Por aquel entonces, el decreto ya llevaba en vigor unos cuantos meses. Sin embargo, ante la inminente prórroga, el diario El País aseguraba que el Gobierno se estaba planteando "compensar" a los propietarios por obligarles a mantener a sus inquiokupas, inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pero se niegan a abandonar la vivienda.

"Por favor, que se frenen las filtraciones de una vez. Hablad con estos tipos", ordena Sánchez. "Podemos", aclara Ábalos, que asegura que ya lo han desmentido, eludiendo cualquier responsabilidad, a pesar de que, en aquel momento, a falta de una cartera de Vivienda, era su propio ministerio el que asumía la competencia de este tipo de ayudas.

"Son temas muy, muy sensibles", insiste el presidente, que apenas un par de días después vuelve a la carga. "La verdad es que conforme voy conociendo el informe de UP sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores", lamenta, preocupado por la imagen que pudieran transmitir. Y eso es precisamente lo que más indigna a las víctimas: que se preocupara por la imagen, pero no por el fondo

La ruina de miles de propietarios

"Nos llama mucho la atención que, siendo conscientes desde el principio del chollazo que suponía para los okupas, en ninguna de las prórrogas hayan querido corregirlo para evitar las consecuencias que han sufrido los propietarios —denuncia el portavoz de la PAO, Ricardo Bravo—. Y, por otro lado, habla del negociazo para los grandes tenedores, cuando esto es un grave error, puesto que este real decreto va destinado a familias en alquiler y, como todos sabemos, el 93% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. Por tanto, no es un negociazo para los grandes tenedores, sino que es la ruina para los pequeños tenedores".

La realidad corrobora el lamento de las víctimas. Aquellos que se decantaron por la inquiokupación llevan desde entonces gozando de total impunidad: tras declararse vulnerables —en muchos casos, por teléfono y sin que Servicios Sociales haga comprobación alguna—, el Gobierno impide su desalojo y obliga a los propietarios incluso a pagarles los suministros, bajo la amenaza de incurrir en un delito de coacciones en caso de no hacerlo.

A cambio, finalmente, el Ejecutivo terminó aprobando una especie de compensación. Sin embargo, no solo no cubre todas las pérdidas, sino que, en la inmensa mayoría de los casos, los propietarios ni siquiera han llegado a ver ni un solo euro. No en vano, la Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que únicamente la han cobrado "entre un 5 y un 7%" de las víctimas".

Entre los afortunados, la letra pequeña establece que dicha indemnización tan solo puede cobrarse por el tiempo que transcurra desde que el juez suspende el lanzamiento por supuesta vulnerabilidad de los inquilinos hasta que estos se vayan. Es decir, que, en cualquier caso, el tiempo que pasa desde que se interpone la denuncia hasta que se celebra el juicio, se fija la fecha del desahucio y se suspende —un plazo que supera con creces el año—, corre a cargo de los propietarios.

Además, en muchas comunidades autónomas, se establece que la compensación tan solo se puede cobrar una vez que se recupere la vivienda, lo que condena a la ruina a miles de familias para las que, en caso de llegar a cobrarla, puede que ya sea demasiado tarde.

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