España sigue encadenando derrotas judiciales internacionales por los recortes retroactivos a las energías renovables. El último varapalo llega del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, que ha condenado a nuestro país a indemnizar con 39,2 millones de euros a la multinacional japonesa Mitsui & Co.
La decisión, fechada el pasado 6 de marzo pero confirmada en mayo, obliga a España a pagar 31,5 millones de euros en daños, 5,5 millones en intereses de demora, 215.000 euros en costes del arbitraje y 2,2 millones más en concepto de gastos legales de la parte demandante. En total, más de 39 millones de euros.
La información ha sido revelada por el gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado popular Juan Diego Requena, que inquirió al Ejecutivo sobre esta cuestión ante la opacidad del Ministerio de Transición Ecológica que encabeza Aagesen, sucesora en el cargo de la anterior titular, Teresa Ribera, quien insitió en no pagar los laudos de las renovables.
Mitsui reclamó inicialmente 199 millones de euros por el impacto que supuso para sus inversiones la concatenación de distintas reformas impulsadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Entre 2010 y 2014, ambos recortaron de forma retroactiva las primas comprometidas a proyectos de renovables. Las multinacionales que invirtieron en España habían inyectado más de 70.000 millones de euros para apoyar el despliegue de energía solar y eólica.
La empresa nipona que ahora derrota a España es una firma histórica del País del Sol Naciente. Cuenta con una fuerte presencia en sectores como la energía o las infraestructuras. Mitsui había desembarcado en España confiando en el marco legal ofrecido a las inversiones "verdes" y, tras ver cómo su proyecto se venía abajo, ahora ve reconocida su reclamación en un arbitraje que invocó el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que España era firmante hasta hace un año y que obligaba a nuestro país a ofrecer seguridad jurídica a los inversores internacionales que desplegasen su capital en este sector.
Este nuevo revés se suma a una larga lista. Con la de Mitsui, ya son 26 los laudos internacionales que condenan a España por el mismo motivo. En total, los fallos suponen el pago de 1.510 millones en indemnizaciones, a los que se suman otros 375 millones en costas judiciales, abogados, consultores e intereses. La factura acumulada se eleva ya a 1.885 millones de euros, que saldrán del bolsillo de los contribuyentes, bien sea con el pago de las indemnizaciones, bien sea con nuevos embargos de bienes y activos del Reino de España como los que se han producido en los últimos años.
Mientras el gobierno sigue minimizando el impacto de esta cascada de sentencias, la comunidad inversora internacional parece haber tomado nota del coste que supone invertir en un país que cambia las reglas del juego a mitad de partido, como demuestran las paupérrimas cifras de inversión extranjera, que se sitúa un 50 por ciento por debajo de las cotas que se daban antes de que el gobierno de Sánchez empezase a impagar estos laudos.