Nueva derrota de España en el frente internacional de los arbitrajes por los recortes a las energías renovables. La corporación japonesa Itochu se suma esta semana a la lista de empresas que han logrado condenas contra el Reino ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, por los recortes retroactivos introducidos entre 2010 y 2014 en el régimen de primas renovables que se había ofrecido a inversores nacionales y extranjeros.
El laudo, fechado el 16 de diciembre de 2024 pero confirmado oficialmente esta semana, reconoce el derecho de Itochu a recibir una indemnización de 6,2 millones de euros, más 1,8 millones en intereses de demora y otros 1,2 millones por costas legales, lo que eleva la factura total a 9,2 millones de euros. La información ha sido facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del diputado popular Juan Diego Requena.
La compañía nipona es uno de los grandes grupos comerciales de Asia, segunda en su sector tras Mitsubishi. En el caso de España, su exposición está vinculada al desarrollo de Plataforma Solar Extremadura, un complejo termosolar desarrollado en Logrosán (Cáceres) junto a la firma española Abengoa, su socio local.
El proyecto, compuesto por dos plantas cilindroparabólicas de 50 MW cada una, supuso una inversión conjunta superior a los 500 millones de euros, con Itochu controlando un 30% del capital. La planta entró en funcionamiento a finales de 2012 y suministra energía renovable a 52.000 hogares.
El caso Mitsui, también resuelto
Este nuevo revés legal se produce apenas unos días después de conocerse la decisión del CIADI en el caso de Mitsui, otra multinacional japonesa con presencia en el sector renovable español, que ha obtenido una indemnización de más de 39 millones de euros por los mismos recortes.
Se da la circunstancia, además, de que la filial energética de Toyota, denominada Eurus Energy, tiene pendiente el pago de otros 101 millones de euros a raíz de una condena emitida hace más de un año que también encontró a España culpable de haber vulnerado las condiciones de seguridad jurídica a las que se comprometió con su entrada en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Sucede lo mismo con JGC, otra empresa del País del Sol Naciente que espera una indemnización por valor de 24 millones.
Con el fallo a favor de Itochu, por tanto, ya son cuatro las empresas japonesas que esperan el pago del dinero pendiente por parte del gobierno español. De hecho, si se suman todos los laudos condenatorios emitidos contra España a raíz de los cambios introducidos en la legislación por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, encontramos que hay ya un total de 27 condenas encima de la mesa.
Sin embargo, ninguna de estas compensaciones ha sido abonada hasta la fecha, lo que ha generado una cascada de litigios secundarios en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica. En todos estos países se han autorizado embargos de activos y bienes del Estado español para asegurar el cumplimiento de las resoluciones. El volumen acumulado de estas deudas supera ya los 1.900 millones de euros.
La reiteración de estas condenas y la ausencia de pagos han reabierto el debate sobre la seguridad jurídica de España como destino inversor, especialmente en sectores regulados como el energético. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin detallar públicamente su estrategia legal y financiera para afrontar esta creciente exposición patrimonial en el exterior.