Con Almaraz a poco más de dos años de su fecha programada de cierre, el futuro de las centrales nucleares sigue, de momento, enquistado. Tras el apagón, el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, dejó clara la opinión que le merece esta tecnología y puso en cualquier caso la pelota en las propietarias, señalando que aún no había petición formal para una prórroga. Las dueñas (Iberdrola, Endesa, Naturgy) están lanzando mensajes a favor de continuar pero avisando de que quieren pagar menos impuestos: hablan de una presión "artificial" sobre el sector creada por el Ejecutivo.
En medio de este cruce de declaraciones, la Comunidad Valenciana ha dado un paso al frente sobre la demanda de las propietarias con una bajada del impuesto que es de su competencia: en los dos próximos ejercicios, el Gobierno de Carlos Mazón suprimirá el Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente y que suponía que Cofrentes, la central nuclear propiedad de Iberdrola que se levanta en la región y que proporciona un 50 por ciento de su demanda eléctrica, pagara anualmente 14 millones de euros.
Esta "ecotasa" es uno de los impuestos que según el sector son "redundantes", obligándoles a pagar varias veces, denuncian, por el mismo concepto. Las centrales, además de pagar los impuestos propios del sector, tienen impuestos específicos, como el impuesto sobre el combustible gastado creado en 2012, y también tasas autonómicas relativas al medio ambiente que gravan un concepto similar al que ya contempla la tasa Enresa, el pago anual por la gestión de residuos y también la vigilancia ambiental en el entorno de las instalaciones.
En España, hay siete reactores nucleares en cinco centrales que se levantan en cuatro comunidades autónomas, aunque no todas han decidido gravar a las nucleares. Estas son las ecotasas, o impuestos ambientales, de carácter autonómico:
- Comunidad Valenciana: el Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente y que ahora desaparecerá supone 1,8 euros por MWh producido. La central de Cofrentes paga 14 millones al año por este concepto.
- Extremadura: la decisión de Mazón traslada la presión sobre el Gobierno de María Guardiola, muy combativo contra el cierre de Almaraz pero que aún no ha movido ficha en torno a los impuestos a la espera de que reaccione el Gobierno central. El denominado Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente supone en el caso extremeño 5 euros por MWh producido, que supone unos ingresos de entre 80 y 90 millones procedentes de la central nuclear.
- Cataluña: la ecotasa es particularmente alta en Cataluña, con un coste de 6,65 euros por MWh. La Generalidad que preside Salvador Illa se embolsa cada año 150 millones de euros procedentes de los tres reactores en la región, Ascó I, Ascó II y Vandellós II. La energía nuclear es especialmente crítica en la región, donde supone un 60 por ciento de la electricidad generada y donde la energía renovable ha experimentado un despliegue muy inferior al del resto de España. Mientras empresarios, sindicatos y Junts ya están lanzando mensajes contra el cierre (en 2030 en el caso de Ascó), el impuesto que las grava en la región subió un 33% hace sólo dos años por decisión del entonces gobierno de ERC, partido partidario de cerrar aunque también lanza mensajes de alerta por el desempleo y éxodo que se avecina en sus zonas de influencia.
- Castilla-La Mancha: la región, que alberga la central de Trillo, en Guadalajara, es la única de las CCAA nucleares que no tiene un impuesto específico sobre esta tecnología. Por el momento, Emiliano García-Page ha mantenido una tímida oposición al cierre nuclear con llamamientos a mirar lo que ocurre en el resto de Europa. Mucho más combativo fue contra el almacén temporal de residuos que iba a construirse en Villar de Cañas y que se topó con el rechazo frontal del socialista. El descarrilamiento del proyecto desembocó en el abandono definitivo del plan de construir un ATC y en un sobrecoste de 2000 millones en el futuro desmantelamiento, que se tradujo en una subida de la tasa ENRESA que las eléctricas han llevado a los tribunales.
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