Parece que la Comisión Europea ha reaccionado. Bien sea por el enfado de los agricultores, el resultado de las pasadas elecciones europeas o la urgencia por ser más competitivos en plena guerra comercial, Bruselas ha enmendado sus políticas medioambientales y ha propuesto relajar las exigencias ecológicas que deben cumplir los profesionales del campo para acceder a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC).
Mientras gobiernos como el de Pedro Sánchez hacen bandera de la Agenda 2030 a costa incluso de la productividad, la Comisión Europea ha presentado un paquete bautizado como ‘Ómnibus’ con el que quiere simplificar la burocracia y reducir duplicidades con las normas nacionales vigentes. El objetivo final, afirma, es "impulsar la competitividad de los agricultores".
El Ejecutivo comunitario calcula que estas modificaciones, que aún deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, podrían ahorrar a los agricultores hasta 1.580 millones de euros anuales y 210 millones a las administraciones nacionales.
Pagos a los pequeños agricultores
Bruselas propone que el límite del pago único anual para los pequeños agricultores pase de 1.250 a 2.500 euros.
Además, estarán exentos de ciertas normas ambientales (condicionalidad), aunque podrán seguir beneficiándose de pagos que premian esas prácticas consideradas ecológicas en la agricultura (ecoesquemas o ecorregímenes).
Requisitos y controles simplificados
Bruselas quiere eliminar trabas burocráticas y reducir solapamientos con las normas nacionales. Por ejemplo, las explotaciones agrícolas con certificación ecológica se considerarán automáticamente como que cumplen con algunos de los requisitos ambientales de la UE a efectos de su financiación.
La revisión también plantea que se concedan incentivos a los agricultores que cumplan algunos de los requisitos que el Ejecutivo comunitario considera "más exigentes", como la protección de humedales y turberas, para "garantizar una compensación justa por sus esfuerzos".
No todo es positivo. La Comisión defiende que "la propuesta no modifica la arquitectura ecológica" y que "simplificar no significa rebajar automáticamente las ambiciones ni abolir objetivos medioambientales" pese a que plantea una sustancial reducción de informes y controles.
Por ejemplo, se reducirán los controles in situ: solo uno al año por explotación. Pero por otra parte, la UE quiere agilizar inspecciones mediante el uso de satélites y tecnología.
Refuerzo de medidas de gestión de crisis
El plan también plantea que los agricultores de la UE afectados por catástrofes naturales o enfermedades animales puedan recibir más dinero público a través de los nuevos pagos de crisis disponibles en el marco de los Planes Estratégicos de la PAC y a herramientas de gestión de riesgos "más flexibles y accesibles".
La reforma también ofrece una nueva línea de subvenciones de hasta 50.000 euros en un solo pago para mejoras en "competitividad y digitalización".
También se plantea más flexibilidad para que los países puedan adaptar sus Planes Estratégicos de la PAC, ya que solo se requerirá la aprobación previa de Bruselas para las "modificaciones estratégicas". Este punto preocupa a algunas asociaciones agrícolas porque deja un amplio margen de gestión a los gobiernos nacionales, que podrían no estar alineados con la propuesta de la Comisión.