En plena oleada de escándalos de corrupción del PSOE, Yolanda Díaz ha debido pensar que es momento de cuidar a sus votantes. Y, en ese contexto, ha anunciado toda una batería de medidas para garantizar más protección a los okupas y recortar la de los propietarios de viviendas.
El plan de Sumar incluye todo un listado de puntos que ya están en negociación con Pedro Sánchez. El primero de ellos señala lo siguiente: "Alcanzar el 10 % en 2027 y el 20 % en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler y dedicar, al menos, el 2 % del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual". Esa medida implica elevar el porcentaje de vivienda social y no rentable para las constructoras, que financian elevando el precio de las viviendas libres, como es obvio, incrementando el coste de los pisos que compra la mayoría de la gente.
Erradicar los desahucios okupas
La segunda medida va a la diana okupa: "Erradicar los desahucios incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o en casos de vulnerabilidad garantizando una renta mínima o una moratoria, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas". Y añade, "a tal efecto, el Gobierno deberá dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de la futura empresa estatal de vivienda".
El tercer punto exige "explorar la posibilidad de incoar expedientes de expropiación sobre viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como sobre el suelo en desuso y viviendas vacías en zonas rurales, para su posterior incorporación al parque público. A tal efecto, el Gobierno impulsará un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial". Literalmente es una inyección de inseguridad jurídica y ataque a la propiedad privada que el mercado de viviendas quedaría herido de muerte.
Cuarto: "Poner en marcha un plan de rehabilitación para la recuperación de inmuebles públicos en desuso, así como un programa de ayuda a los ayuntamientos de zonas rurales para que puedan adquirir vivienda en desuso a bajo coste".
Impulso al parque público
Quinto: "Establecer un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las Administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior".
Sexto: "Tras movilizar todos los recursos, en caso de que resultara necesario, impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la futura empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles".
Y, por ´ultimo y séptimo, "asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente, desde las administraciones públicas como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la extracción de rentas".
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