El decreto impulsado por Mónica García para restringir productos relacionados con el tabaco y sin combustión como los cigarrillos electrónicos o las bolsas de nicotina ha generado una reacción sin precedentes por parte de autoridades y órganos consultivos, que denuncian el incumplimiento de los principios de libre circulación establecidos en la legislación europea.
Las medidas restrictivas más relevantes incluyen la prohibición de sabores distintos del tabaco y la imposición de un límite máximo de nicotina en bolsas de 0,99 mg/bolsa.
Tal y como ha contado Libre Mercado, estas medidas han suscitado el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y seis Estados miembros de la Unión Europea han emitido opiniones razonadas en el marco del procedimiento TRIS, enviadas a la Comisión Europea. Todos ellos denuncian que la ocurrencia de la ministra de Sumar tiene graves déficits que requieren una reconsideración urgente por parte del Gobierno. Estas son las principales críticas al proyecto.
Vulneración del principio constitucional de reserva de ley
El Proyecto impone restricciones a la libertad de empresa mediante reglamento sin contar con la habilitación legal para ello. La CNMC ha señalado que la habilitación mencionada en la Ley 28/2005 se refiere únicamente a los productos de tabaco y no a los productos como las bolsas de nicotina o los cigarrillos electrónicos, que no son considerados "productos de tabaco".
Prohibición de facto de nuevos productos
La prohibición de sabores distintos al tabaco y el límite de nicotina en bolsas afectarán gravemente la competencia, la innovación y la salud de los consumidores. Sin embargo, estas medidas no están suficientemente justificadas bajo los principios de buena regulación, establecidos en el Artículo 129 de la Ley 39/2015, tal como ha señalado la CNMC.
Errores en las respuestas del Gobierno a preguntas parlamentarias
El Gobierno ha negado la existencia de evidencia científica sobre el impacto de los sabores en la reducción del tabaquismo, a pesar de contar con estudios y experiencias internacionales que sugieren lo contrario.
Además, la justificación para el límite de 0,99 mg en las bolsas de nicotina se basa en argumentos erróneos, vinculados a su posible consideración como medicamentos, sin respaldo en la legislación vigente ni en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE.
No cumplimiento con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad
El informe de la CNMC y las opiniones razonadas de los Estados miembros han subrayado la falta de evidencia científica que respalde tanto el umbral de 0,99 mg de nicotina como la prohibición general de sabores. Además, no se han considerado alternativas menos restrictivas, tales como el refuerzo del control sobre la venta a menores, campañas de sensibilización y la restricción de sabores específicamente atractivos para ellos.
Distorsión del mercado interior europeo
El Proyecto vulnera los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), generando obstáculos injustificados a la libre circulación de productos y afectando el mercado interior europeo.
Además, varios Estados Miembros, como Italia, Rumanía y República Checa, consideran que el Proyecto excede las previsiones de la Directiva sobre los productos del tabaco, poniendo en riesgo los esfuerzos de armonización alcanzados a nivel de la Unión Europea.