Con la excusa de los derechos laborales, el Gobierno de España está metiendo mano en todas las esferas posibles de la vida profesional y personal de los ciudadanos. Así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, obligará a las familias a realizar una evaluación de las condiciones y los riesgos laborales en los que trabajan sus empleadas del hogar antes de mediados del mes de noviembre.
Para ello, tal y como han anunciado desde el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición de todos los españoles una plataforma online a través de la que podrán gestionar este proceso. De esta forma, el Ejecutivo pretende cumplir con el Real Decreto 893/2024, aprobado en septiembre de 2024.
Sanciones a las familias
El pasado miércoles 14 de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Concretamente, esta herramienta estará disponible en el portal ‘Prevencion10’ con el fin de que los ciudadanos cumplan con las exigencias del Gobierno en este ámbito.
Para ello, el Gobierno dará a los empleadores un plazo máximo de seis meses para llevar a cabo este proceso, por lo que tendría que estar finalizado antes de mediados del mes de noviembre. Así, las familias deberán indicar cuáles son las tareas que realizan las personas contratadas, tras lo cual el sistema genera un cuestionario específico para cada hogar.
En consecuencia, las familias recibirán una evaluación de riegos en el domicilio, las medidas preventivas que han de implantarse y los materiales informativos que deben entregarse las personas trabajadoras. De este modo, desde el INSST señalan que "una vez realizada la evaluación de riesgos, se tienen que implementar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados", que tendrán carácter obligatorio. De hecho, desde el Gobierno advierten de que si se incumplen estas obligaciones, las familias serán sancionadas.
Con todo, la ministra de Trabajo no dudó en celebrar efusivamente el desarrollo de esta plataforma. "Esta herramienta no es solo tecnología. Es política pública. Es el Estado llegando donde nunca antes había llegado. Es una conquista de derechos", aseveró. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de que el ministerio de Trabajo logre acceder a la esfera privada de los españoles no es sino una muestra más del afán liberticida del Ejecutivo.