Cuarenta años después del Decreto Boyer que pretendió avanzar hacia la liberalización de los horarios comerciales, España sigue muy lejos de tal paradigma y se erige como una excepción negativa en Europa, al ser uno de los países con mayor número de restricciones sobre la apertura de los comercios. Así lo denuncia un nuevo informe de La Distribución (ANGED) mediante el cual la patronal del ramo se propone informar sobre los cientos de regulaciones distintas que se aplican a sus establecimientos.
Así, el estudio encuentra que, mientras once países europeos garantizan plena libertad horaria y otros cinco aplican modelos muy flexibles, España ha retrocedido hasta situarse tercera por la cola, ocupando la antepenúltima posición de un listado en el que solamente nos superan Alemania y Austria.
El estudio, publicado con motivo del 40 aniversario del Decreto Boyer que pretendió liberalizar los horarios comerciales en 1985, dibuja un marco normativo que roza el esperpento. Hay 19 calendarios autonómicos diferentes, 370 regulaciones municipales superpuestas y un sinfín de restricciones arbitrarias que impiden a los comerciantes operar en igualdad de condiciones. En total, se cuantifican 390 formas distintas de intervención normativa que afectan al comercio minorista y que tienen un especial impacto sobre las tiendas físicas de más de 300 metros cuadrados.
"España ha creado su propio sistema de aranceles internos: abrir una tienda en domingo es más difícil que importar desde China", señala el documento de La Distribución (ANGED). Esta circunstancia contrasta con la libertad aplicable a las plataformas digitales, que operan 24/7 sin soportar los límites regulatorios que sufren las tiendas físicas, obligadas a cerrar en fines de semana, festivos o determinadas franjas horarias por decisión administrativa.
¿El resultado? Según advierte el estudio, la normativa vigente en España "regala" 52 días al año sin competencia física directa a los gigantes del e-commerce, generando un desequilibrio que redunda negativamente en la capacidad productiva y de generación de empleo del sector.
Madrid, única comunidad con plena libertad
Actualmente, solo la Comunidad de Madrid garantiza la libertad total de horarios comerciales. Vale la pena señalar que la ciudad autónoma de Ceuta también ha seguido este camino. Así pues, hay apenas dos territorios autonómicos en que no existe este tipo de restricciones.
En cambio, en el resto del país, cada región impone sus propias normas y, en la práctica, introduce un sinfín de restricciones. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana permite apenas 11 domingos y festivos de apertura al año, mientras Cataluña ha diseñado hasta 90 Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en que aplica criterios que, en la práctica, limitan más que liberan la actividad comercial.
Las ZGAT, creadas en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, nacieron con la intención de flexibilizar la apertura en zonas céntricas de las ciudades, pero el desarrollo reglamentario de dichas demarcaciones ha sido capturado por intereses locales que han empleado esta herramienta para blindar el statu quo. En muchos casos, se excluye a las grandes superficies de forma expresa. Además, se reduce su aplicación a unas pocas calles y fechas. A menudo, las decisiones se toman en comités locales donde compiten intereses empresariales enfrentados. "Nuestros competidores deciden cuándo y dónde podemos abrir nuestras tiendas", denuncia el informe, que lamenta esta flagrante restricción de la libertad de empresa.
Situaciones absurdas
El documento ofrece ejemplos que rozan el absurdo. En Cataluña, es posible comprar petardos los domingos de junio, pero no renovar la nevera o comprar un bañador. De igual manera, una tienda de 5.000 m² debe cerrar 56 días al año por ley, pero una cadena con 10 tiendas de 499 m² puede operar todos los días, hasta 15 horas al día, aunque esté sujeta a otras restricciones arbitrarias. Además, la mayoría de estas trabas solo afectan al comercio minorista físico, mientras que otros servicios —restauración, espectáculos, hostelería— gozan de total libertad de horarios.
El informe apunta que el sector enfrenta problemas muy serios que solamente agravan la situación. Entre otros:
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Aumento de costes: los impuestos y las cotizaciones sociales, sumadas a las regulaciones medioambientales y laborales, ahogan los márgenes empresariales de los negocios.
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Relevo generacional: 1 de cada 3 comercios no encuentra sucesor y un 70% está en riesgo de cierre.
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Falta de profesionales: hay 16.000 vacantes sin cubrir en el sector y el déficit de talento se agranda con el paso del tiempo.
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Absentismo: cada día hay alrededor de 126.000 trabajadores del comercio que no acuden a su puesto, cifra equivalente a toda la plantilla comercial de Canarias o del País Vasco, Navarra y La Rioja – juntas.
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Impacto de la reducción de jornada laboral: la reducción de jornada planteada por el Gobierno costará 2.900 millones de euros al sector.
Europa nos señala
La Comisión Europea ya advirtió en 2018 de la necesidad de modernizar la regulación comercial. En su informe "Un retail adecuado al siglo XXI", Bruselas identificó las restricciones horarias, las trabas a la apertura de establecimientos, las prohibiciones de rebajas y los impuestos específicos como obstáculos clave a eliminar.
Lejos de avanzar, España sigue siendo el tercer país más restrictivo de la UE. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, las disfunciones del mercado único europeo equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas, alcanzando hasta el 110% en el caso del sector servicios.
"Europa debe decidir si quiere competir con más integración y libertad o encerrarse en el proteccionismo regulatorio", concluyó aquel informe. En España, de momento, la decisión está tomada: más trabas, más fragmentación y menos libertad para consumidores y empresas.