
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la compañía Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas por incumplir la normativa autonómica de publicidad de este tipo de alojamientos.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial de la empresa en Irlanda a eliminar dichos anuncios al considerarlos ilícitos, según lo recogido en un comunicado publicado por el propio ministerio.
Las comunidades autónomas afectadas por esta medida son Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
Tres resoluciones previas
Según el ministerio, Consumo había remitido previamente hasta tres resoluciones a Airbnb en los últimos meses, en las que ya se ordenaba el bloqueo de estos anuncios. Sin embargo, la plataforma decidió recurrir la decisión ante los tribunales con el objetivo de evitar el bloqueo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado ahora sobre la primera de esas resoluciones, que afectaba a 5.800 de los anuncios. En su auto, el tribunal respalda la actuación de Consumo y ordena a la plataforma la retirada inmediata de dichos anuncios.
Los motivos
Desde la Dirección General de Consumo se han expuesto tres motivos principales que justifican la ilegalidad de los anuncios:
- Ausencia de número de licencia o registro, obligatorio en varias normativas autonómicas y que constituye la infracción más frecuente.
- Falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador, es decir, si se trata de un particular o una empresa, lo que afecta directamente a la protección del consumidor.
- Números de licencia no válidos, que no corresponden a los expedidos por las autoridades competentes.
Por su parte, el ministro Bustinduy ha manifestado públicamente el "objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", según explican en la web del ministerio.