España ha construido un entorno en el que, para muchos ciudadanos, es más lucrativo no trabajar que incorporarse al mercado laboral. Así lo denuncia un informe publicado este martes por la Fundación Civismo, titulado "Incentivos existentes en España para no trabajar". El documento alerta del efecto perverso de un sistema de ayudas mal diseñado, que termina consolidando la inactividad laboral o promoviendo el empleo en negro.
La investigación pone cifras al problema: hay casos en los que las prestaciones por desempleo superan los 1.150 euros mensuales, una cantidad similar o incluso superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que reduce de forma evidente el atractivo de aceptar trabajos legales con sueldos bajos. Si a esto se le suman los costes asociados a la ejecución de un empleo, en términos de transporte, conciliación o formación, vemos que la ecuación se inclina en favor de seguir cobrando ayudas.
El informe lanza una advertencia clara: los subsidios no pueden convertirse en una trampa que prolongue el desempleo. En lugar de incentivar la búsqueda de empleo, Civismo encuentra que muchas ayudas acaban consolidando la dependencia del Estado, sobre todo cuando se combinan con ingresos no declarados procedentes de la economía sumergida, que sigue representando el 15,8% del PIB nacional.
La investigación denuncia además un problema estructural, puesto que pone de manifiesto que los incentivos actuales no están alineados con la reintegración laboral. El resultado es un mercado dual en el que muchos optan por combinar ayudas públicas con ingresos en B. Esta situación no solo penaliza al contribuyente, sino que debilita la base fiscal y mina la sostenibilidad del sistema. Por ello, Civismo reclama condicionar las ayudas, escalonarlas según los ingresos laborales y reforzar los programas de formación, de modo que la protección social no actúe como freno a la actividad económica, sino como trampolín hacia un empleo digno y formal.
Ayudas de todo tipo
La publicación documenta un sinfín de ayudas que obedecen a distintas circunstancias: subsidio por cotizaciones insuficientes, por agotamiento de otras ayudas, para emigrantes retornados, para liberados de prisión, para mayores de 52 años… A esto se suman la renta activa de inserción, el subsidio extraordinario por desempleo o el ingreso mínimo vital, que puede llegar a suponer hasta 1.449 euros mensuales.
Civismo aporta tres ejemplos concretos de la medida en que estas ayudas pueden llegar a suponer más de 1.150 euros al mes:
- El Ejemplo 1 muestra el caso de una persona sin hijos que ha agotado la prestación contributiva, pero accede a ayudas como el subsidio por desempleo, complemento de vivienda y otros apoyos autonómicos. En conjunto, esta persona puede percibir hasta 947,70 euros mensuales sin trabajar, lo cual es solo ligeramente inferior al SMI. Si se le ofrece un trabajo formal con salario mínimo, los costes derivados (transporte, alimentación fuera de casa, etc.) hacen que aceptar el empleo no sea rentable.
- El Ejemplo 2 plantea el caso de una madre con dos hijos menores a su cargo, sin empleo, que recibe múltiples prestaciones, incluyendo subsidio, ayudas por hijos, ingreso mínimo vital y bonificaciones por alquiler. En total, puede alcanzar hasta 1.154,30 euros al mes, lo que iguala o supera los ingresos netos de un empleo a tiempo completo con salario mínimo. Este tipo de situación ilustra cómo el sistema puede desincentivar activamente la búsqueda de empleo.
- Por último, el Ejemplo 3 analiza un caso típico en el que una persona alterna trabajos en la economía sumergida con la percepción de ayudas públicas. A pesar de estar oficialmente desempleada, obtiene ingresos no declarados por trabajos esporádicos y, al mismo tiempo, mantiene el acceso a subsidios. Esta combinación le permite superar con creces los ingresos de un empleo legal de baja remuneración, revelando una falla estructural que penaliza al trabajador que elige la vía formal.
Como alternativa, el estudio plantea recuperar el Impuesto Negativo sobre la Renta, una propuesta defendida tanto por Milton Friedman como por James Tobin que busca reforzar los incentivos a trabajar sin penalizar a quienes se incorporan al mercado laboral. También sugiere desvincular la subida del SMI de criterios políticos o ideológicos y anclarla a la evolución de la productividad real y con baremos diferentes por sectores.
Un impacto significativo
Libre Mercado habló en marzo de esta cuestión, recalcando que las ayudas a colectivos catalogados como "vulnerables" alcanzan ya a 7 millones de personas y acarrean un coste de hasta 28.500 millones de euros, una rúbrica que se ha duplicado bajo gobierno de Pedro Sánchez.