
La Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva años denunciando el calvario que padecen en España todos aquellos propietarios que sufren la lacra de la ya bautizada como inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pero se niegan a abandonar su vivienda, sabiéndose amparados por el polémico decreto antidesahucios del Gobierno, en vigor desde 2020.
Con la norma en la mano, en estos momentos, es prácticamente imposible recuperar una vivienda si los okupas son personas aparentemente vulnerables. Y así lo demuestran los consejos que hasta los propios Servicios Sociales dan a los propietarios. "Me dijeron que todo pasaba por ser más vulnerable que ellos y que, como yo era funcionaria y tenía una nómina, la única solución era que presentara una denuncia por violencia de género contra mi exmarido —dice asombrada Mari Carmen, una malagueña que lleva tres años intentando echar a sus inquiokupas y que jamás ha sido maltratada, tal y como ella misma aclara—. No me lo podía creer".
Su caso es especialmente sangrante por cuanto esta mujer, divorciada y con cáncer de mama, tan solo tiene esa vivienda en propiedad. Tras separarse de su ex, se vio literalmente en la calle: sin casa y sin una renta que, al menos, podría haberle servido para pagar el apartamento que no ha tenido más remedio de alquilar. Sin embargo, el decreto del Gobierno le impide recuperar su casa, un piso de 125 metros cuadrados en Churriana (Málaga) que sus hoy inquiokupas —una familia portuguesa que falsificó sus nóminas y que, según la propietaria, son estafadores profesionales en su país— no se plantean abandonar bajo ningún concepto.
"Tiene cuatro habitaciones, dos baños, una cocina con comedor, un salón enorme, terraza… Obviamente, no se van a ir a otro sitio pudiendo vivir ahí a mi costa", dice desesperada. Desde junio de 2022, cuando presentó la demanda por impago, le deben más de 30.000 euros. "Y por aquel entonces se lo alquilé por 800 euros, pero hoy un piso de esas características en esa zona se está alquilando por 1.500", advierte.
De inquilinos a inquiokupas
Su historia se remonta al año 2020. Mari Carmen decidió alquilar su piso a una familia portuguesa que, aparentemente, ofrecía todas las garantías: "El hombre me entregó una nómina de la Policía de Portugal y sus hijos eran mayores de edad, así que no pensé que fuera a haber ningún problema". Según le explicaron, querían el piso porque su hija iba a estudiar arte dramático en la escuela de Antonio Banderas y la mujer tenía pensado vivir allí con ella.
Los primeros meses pagaron religiosamente. Los problemas llegaron en abril de 2022. "Él me llamó y me dijo que no podía pagarme porque no tenía trabajo, a lo que yo respondí que cómo era posible si tenía una nómina de la Policía portuguesa, aunque, claro, luego me he enterado de que era falsa —lamenta la propietaria—. El caso es que me contó una historia de que habían venido aquí a buscarse la vida, porque la hija había tenido allí un problema de acoso o algo así".
Aunque aquello le sonó muy raro, Mari Carmen le respondió con toda su buena voluntad. Lo que no imaginó era lo que vendría después: "Le dije que me pagaran la mitad del alquiler unos meses hasta que se repusieran o encontraran algún trabajo, pero ya nunca más pude hablar con ellos. Ni me volvieron a coger el teléfono ni me respondían a los whatsapps".
El inicio de su particular calvario
Entretanto, su propio hijo regresó del extranjero y necesitaba un lugar en el que vivir, así que decidió mandarles un burofax para solicitarles que abandonaran la casa antes de dos meses. Sin embargo, aquello tampoco surtió efecto, por lo que no le quedó más remedio que recurrir a los tribunales. El juez fijó el desahucio para febrero de 2023, pero, como en tantos otros casos de inquiokupación, nunca llegó a ejecutarse: "Un día antes, me llamó la abogada y me dijo que habían presentado una solicitud de vulnerabilidad y que, por tanto, quedaba suspendido en virtud del decreto antidesahucios del Gobierno".
Aquello supuso un auténtico jarro de agua fría, y lo peor es que los problemas de Mari Carmen no habían hecho nada más que empezar. "Me detectaron un cáncer de mama y tuve que iniciar un tratamiento, pero, además, aquello pasó factura a mi matrimonio y decidí divorciarme, por lo que la que pasó a necesitar la casa fui yo", lamenta.
Un consejo surrealista
Desesperada, la propietaria acudió a Servicios Sociales para ver qué posibilidades tenía de recuperar su vivienda. Contaba con que le dijeran que no podía hacer nada, pero no con la respuesta que obtuvo. "Me dijeron que todo pasaba por ser más vulnerable que ellos y que, como yo era funcionaria y tenía una nómina, la única solución era que presentara una denuncia por violencia de género contra mi exmarido. No me lo podía creer", dice aún hoy asombrada.
Mari Carmen no hizo caso a tal consejo y el resultado es que, tres años después de denunciar a sus inquiokupas, estos siguen viviendo a su costa sin que nadie haya comprobado siquiera si su situación ha cambiado. "De 2022 a 2025 ha pasado mucho tiempo y no me explicó por qué nadie les hace un seguimiento para ver si siguen siendo vulnerables, si les han ofrecido trabajo o cómo viven o lo que sea —denuncia la propietaria—. Y, además, es que no hay que olvidar que el propio Real Decreto establece que son las Administraciones Públicas las que se tienen que hacer cargo de buscar una alternativa habitacional a estas personas. Yo no puedo ser su escudo social eternamente".
¿Quién es el vulnerable?
La propietaria está convencida de que están trabajando, aunque sea en "b". "Obviamente tienen que trabajar en ‘b’ para poder seguir viviendo gratis y para coger dinero del Estado, porque si trabajan en ‘a’, se les acaba el chollo, pero es imposible que una familia de 5 miembros, todos en edad de trabajar, que el matriomonio no llega a más de los 50 años, no estén trabajando, porque entonces… ¿De qué viven? ¿De ayudas todo el tiempo? No lo creo", insiste Mari Carmen.
Mientras tanto, y a pesar de tener un piso en propiedad, ella no ha tenido más remedio que alquilar un apartamento. "La casa en la que yo vivía con mi exmarido se vendió rápidamente y llegó un momento en el que yo no tenía donde irme, y encima estaba con un cáncer y tenía que ponerme un tratamiento. Si no llega a ser por familiares, amigos y demás, que me ayudaron a buscar un sitio rápido, yo no tenía dónde meterme".
La situación le ha pasado factura tanto al bolsillo como a la salud. "Ahora mismo debe más de 30.000 euros de alquiler, pero es que a eso que sumar que ya he tenido dos abogadas, dos procuradores y que yo he estado en tratamiento psicológico y sigo estándolo —lamenta—. Y, además, yo pago el IBI, la Comunidad, los seguros… Y menos mal que el agua y la luz están a su nombre, que si no, también lo tenía que pagar".
Un mensaje al Gobierno
Con todo, Mari Carmen se dirige al Gobierno con una petición muy simple: "Que ya no hagan más prórrogas del dichoso Real Decreto este, porque nos están matando en vida a las personas de a pie y, si hay personas que son vulnerables de verdad, pues que las ayude la Administración y que gasten el dinero en vez de en Eurovisión o en otras cosas, en viviendas sociales, pero que no nos hagan responsables a nosotros. Y, por supuesto, que haya un seguimiento por parte de Asuntos Sociales y que no nos den esos consejos malignos que pueden hacer daño a muchas personas".
Además, advierte a las organizaciones de inquilinos de que toda esta impunidad a quien perjudica en último término es a ellos. "Se quejan de que los precios están desorbitados, pero es que están desorbitados porque gracias a gentuza que se dedica a hacer esto, no hay vivienda para alquilar, y cuando la gente recupera su vivienda, no la vuelven a alquilar en su vida, porque yo tengo claro que si la recupero, no la volveré a alquilar en mi vida, porque esto es como estar en una cárcel, pero sin saber cuándo vas a salir, porque aquí prorrogan el decreto dicho por años enteros y esto no puede ser —insiste— Oiga, si quiere, lléveselos al Congreso o meta a esta gente en su casa, pero yo no tengo por qué mantenerles".
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