En una maniobra jurídica que combina cálculo estratégico y oportunismo procesal, el gobierno ruso que encabeza Vladímir Putin está empleando los impagos del Reino de España en materia de arbitrajes internacionales como argumento de referencia para obstaculizar la ejecución de laudos millonarios dictados contra el régimen. Así sucedió en 2023, como informó este diario, y ha vuelto ocurrir en 2025.
Así lo ponen de manifiesto los argumentos jurídicos que ha empleado el régimen en los casos Yukos Capital Ltd. v. Russian Federation y DTEK Krymenergo v. Russian Federation. Ambas disputas se están dirimiendo ante tribunales federales de Estados Unidos y, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Libre Mercado, los representantes legales del Kremlin están recurriendo a precedentes procesales vinculados a España para justificar su resistencia al cumplimiento de sentencias internacionales.
El arbitraje internacional de inversiones ha crecido como mecanismo clave para resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros. Sin embargo, su legitimidad y eficacia están hoy en entredicho por la falta de cumplimiento de algunos laudos que imponen condenas firmes a países que deciden no cumplir con estas obligaciones, violando sus compromisos en materia de tratados internacionales. España y Rusia, por razones distintas pero con consecuencias convergentes, se han situado en el centro de este debate.
Los casos DTEK y Yukos
En el caso de Rusia, los procedimientos más relevantes se vinculan a la expropiación de activos tras la anexión de Crimea en 2014 y a la disolución de Yukos Oil, la que fuera la mayor petrolera del país en los años 90. En el primero de estos procesos, la empresa ucraniana DTEK Krymenergo obtuvo en noviembre de 2023 un laudo arbitral por valor de 219 millones de dólares, dictado por un tribunal con sede en La Haya. El laudo condena a Rusia por la expropiación de los activos de la empresa en Crimea, donde DTEK era el principal proveedor eléctrico, con más de 780.000 clientes.
Pese a la condena, Rusia ha intentado bloquear la ejecución del laudo en los tribunales federales de Estados Unidos, alegando inmunidad soberana bajo la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). Sin embargo, el juez federal Carl J. Nichols, del Distrito de Columbia, desestimó sus argumentos y concluyó que existía una oferta válida de arbitraje en el tratado bilateral de inversiones entre Ucrania y Rusia, aceptada debidamente por DTEK.
En paralelo, en el caso de Yukos Capital, una entidad heredera de la antigua petrolera estatal que fue privatizada y avanzó notablemente bajo una gestión de mercado para luego ser desmantelada por el Kremlin, Rusia se enfrenta a otra condena, esta vez por 5.000 millones de dólares e impuesta por un tribunal suizo en 2021, debido a la expropiación de préstamos entre empresas del grupo.
España y su utilidad para el Kremlin
En este último caso, Rusia ha solicitado la suspensión del procedimiento ante el mismo tribunal estadounidense. En su escrito, presentado en abril de 2025, Moscú invoca explícitamente el litigio pendiente NextEra Energy Global Holdings B.V. v. Kingdom of Spain, señalando que el resultado del mismo podría tener un "impacto significativo" sobre el caso Yukos, aludiendo de esta forma a uno de los procesos que España tiene abiertos ante los tribunales norteamericanos.
La clave está en la interpretación de la Foreign Sovereign Immunities Act. Rusia, al igual que España en sus múltiples litigios arbitrales, sostiene que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para ejecutar laudos dictados bajo tratados bilaterales de inversión si no existe un "acuerdo válido de arbitraje con o para el beneficio del reclamante". Se trata de un argumento técnico, pero con consecuencias sustanciales: si prospera, permitiría a Estados como Rusia o España blindarse ante litigios internacionales simplemente negando la existencia de tal acuerdo.
El precedente de España resulta especialmente útil para Rusia, porque NextEra v. Spain, una causa emblemática relacionada con los recortes retroactivos a las energías renovables, ha generado un debate judicial profundo sobre si la oferta de arbitraje contenida en los tratados intra-UE constituye una base suficiente para superar la inmunidad soberana. El Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia falló contra España, pero la decisión no será firme hasta que se zanje el procedimiento de recurso que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez.
Un patrón preocupante: impagos como coartada geopolítica
El riesgo de este enfoque es evidente: la resistencia al cumplimiento de laudos por parte de un Estado democrático como España está siendo instrumentalizada por una potencia autoritaria como Rusia para justificar su propia desobediencia jurídica. El discurso del Kremlin se basa en un paralelismo no artificioso e indudablemente coherente. Al fin y al cabo, si España, miembro de la Unión Europea, puede eludir pagos años y años después del dictado de laudos firmes, ¿por qué no habría de hacer lo mismo Moscú?
Esta estrategia mina el respeto por el derecho internacional codificado en los tratados que regulan la inversión transfronteriza y erosiona la confianza en los mecanismos de resolución de disputas previstos en los tratados bilaterales, que giran precisamente en torno al arbitraje. Cabe recordar que España ha enfrentado más de 50 demandas de arbitraje como consecuencia de los cambios retroactivos introducidos en el régimen de primas renovables. En todos los 27 laudos adversos que ya se han dictado, el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a ejecutar voluntariamente las indemnizaciones, lo que ha llevado a los demandantes a buscar su cumplimiento en cortes extranjeras.
El coste reputacional y el riesgo sistémico
El uso que está haciendo Rusia de estos precedentes españoles es una señal de alarma. El incumplimiento de laudos arbitrales por parte de democracias consolidadas debilita el orden jurídico internacional y proporciona cobertura a Estados que operan fuera del marco del Estado de Derecho. En términos reputacionales, España ya ha sido señalada por organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) como uno de los países más reincidentes en el incumplimiento de laudos. Ahora, esa mala praxis se convierte en un argumento procesal para Moscú en su intento de dilatar —o incluso evitar— el pago de condenas derivadas de graves vulneraciones del Derecho internacional.
La doctrina jurídica que Rusia intenta consolidar, utilizando el caso español como palanca, puede tener implicaciones mucho más allá de los casos de DTEK o Yukos. Si se acepta la tesis de que basta con negar la existencia de un "acuerdo válido de arbitraje" para invocar inmunidad soberana, se abre la puerta a un debilitamiento general del arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas. Y lo que hoy es una herramienta para Rusia, mañana podría serlo para otros regímenes autoritarios. El precedente que España está dejando no solo afecta a su credibilidad internacional: también amenaza la estabilidad del sistema jurídico que protege las inversiones globales.