La cadena de condenas internacionales contra España por el hachazo retroactivo a las renovables suma ya 27 laudos perdidos que siguen pendientes de pago. Lejos de asumir responsabilidades o reconocer el coste reputacional y económico de este escándalo, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a utilizar la vía del recurso para ganar tiempo y bloquear el pago de indemnizaciones.
En este contexto, una de las condenas emitidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial, pasará a ser revisada ahora por un comité ad hoc que estudiará la solicitud de anulación del laudo dictado a favor de Canepa Green Energy, una firma vinculada al grupo inversor Azora.
El nuevo comité, formado a petición del gobierno español, estará presidido por el árbitro egipcio Mohamed S. Abdel Wahab, que estará acompañado por la canadiense Céline Lévesque y la australiano-irlandesa Judith Levine. Estos tres juristas han sido designados por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI, a raíz de la petición de anulación que ha registrado el Reino.
Aunque este tipo de situaciones se dan de forma puntual en el campo del arbitraje internacional, lo cierto es que tales comités rara vez revierten los laudos emitidos previamente, por lo que la mayoría de observadores lo consideran una maniobra dilatoria sin apenas recorrido legal.
Un laudo demoledor contra España
El laudo que ahora se intenta anular fue emitido en noviembre de 2023. En él, un tribunal presidido por el estadounidense Sean Murphy concluyó que España vulneró sus compromisos internacionales al modificar de forma retroactiva el marco legal que ofrecía primas garantizadas a la inversión en renovables. Se trataba de compromisos formalizados en un Real Decreto de 2007 que generaron un incentivo clave que atrajo inversiones internacionales masivas, por valor de más de 70.000 millones de euros.
Pese a los intentos de la Abogacía General del Estado por alegar falta de jurisdicción, el tribunal rechazó sus argumentos y dictaminó que el Estado español violó el principio de "rentabilidad razonable" al eliminar las condiciones pactadas de manera retroactiva, generando un grave perjuicio económico a Canepa Green Energy, que había desplegado 130 megavatios en cinco plantas fotovoltaicas radicadas en Galicia, La Rioja y Cataluña.
La decisión final sobre el monto de la indemnización sigue pendiente, aunque el promedio por laudo supera los 55 millones de euros. A ello se suman costas, intereses de demora y gastos de procedimiento, lo que puede elevar la factura a cifras aún más astronómicas, puesto que los intereses se van acumulando y las costas y gastos de los arbitrajes pueden ir a más si decae el pedido de anulación, como viene ocurriendo en la mayoría de recursos.
Más recursos, más impagos
Con este nuevo paso, el Gobierno español insiste en una estrategia que ni cancela los laudos ni evita su ejecución, pero que permite dilatar el pago y transmitir una falsa imagen de litigio abierto. Hasta la fecha, España ha perdido 27 arbitrajes por este mismo motivo, acumulando más de 1.516 millones en indemnizaciones, a los que se suman más de 379 millones en intereses, costas y otros gastos.
Las consecuencias ya son visibles: los inversores han iniciado procedimientos para embargar activos del Estado en terceros países. Asimismo, han intervenido bonos de deuda soberana que sitúan a España en una situación cercana al default técnico. De hecho, países como Venezuela o Rusia, tradicionalmente señalados por incumplir este tipo de fallos, han sido superados por España en el ranking de países que menos respetan los laudos del CIADI.
Una hipocresía jurídica costosa
El cinismo del Gobierno es evidente: mientras Teresa Ribera, responsable del grueso de los impagos, sigue impulsando en Bruselas un discurso basado en hablar de la "seguridad jurídica verde", y mientras el gobierno de Pedro Sánchez se manifiesta en la misma línea, en los tribunales internacionales vemos que España acumula fallo tras fallo por haber traicionado esa misma seguridad jurídica.
Y, aunque el Estado español fue uno de los países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía y, por tanto, debe resarcir a los afectados en virtud de los 27 laudos adversos que ya se han dictado, el Ejecutivo se parapeta tras recursos sin grandes perspectivas de recorrido, todo para no compensar a quienes confiaron en la palabra del Reino y vieron vulnerados sus derechos de forma flagrante y con un enorme coste económico.