Ha pasado ya más de un año desde que el BBVA anunció y presentó ante la CNMV la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Una operación que continúa aparcada después de un prolongado estudio por parte de la CNMC y una ridícula consulta pública en la que el Gobierno preguntaba a los ciudadanos españoles sobre si pensaban que en la OPA estaba en juego algún bien mayor más allá de las cuestiones sobre competencia.
Una consulta que debemos recordar, no tenía, para nada, las mínimas garantías, ya que muchos votaron y así se reflejó en los medios de comunicación en varias ocasiones y con nombres y DNIs inventados. Pero los que todavía hoy siguen sin poder tomar una decisión. Siguen siquiera sin poder expresar su opinión sobre la operación son los legítimos accionistas.
Pues bien. Ayer el Gobierno, el ministro de Economía, decidió no dar luz verde todavía a la operación y elevarla al Consejo de Ministros. Dicho de otro modo, ahora Sánchez será quien tome la decisión de qué pasa con la OPA. Si pone nuevas y más duras condiciones (más allá de las que ya puso la CNMC) o si no las pone y la deniega o la acepta.
La injerencia política es total y la sensación de arbitrariedad ante una operación de estas características ha despertado las sospechas de Bruselas, quien dice que no ve razones que justifiquen el bloqueo o el rechazo de la operación. Además, recuerda al Gobierno que la decisión que tome debe estar alineada con las decisiones de las autoridades competentes. Y es que el Banco de España, la CNMC y el Banco Central Europeo han bendecido, con matices o sin ellos, la operación.
Que el Gobierno se niegue a aceptar la operación sería una injerencia política que no se entendería fuera de nuestras fronteras y empeoraría la percepción de nula seguridad jurídica que cada día adorna más a la economía española.
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