La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación impulsó este martes 28 de mayo una mesa redonda organizada en la Fundación Ramón Areces bajo el título "Unión Europea y Estado de derecho". Lo que debía ser una reflexión serena sobre los principios jurídicos fundamentales de la UE terminó dejando en evidencia el silencio y, en algunos casos, el nerviosismo, con el que reacciona una parte de las élites jurídicas españolas y comunitarias ante los escándalos que sacuden la reputación del Estado de derecho en nuestro país.
El acto, moderado por la académica Rosario Silva de Lapuerta, reunía sobre el papel a tres figuras de primer nivel: Dimitry Berberoff Ayuda, vicepresidente del Tribunal Supremo; Daniel Calleja Crespo, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea; y Patricia Álvarez González, abogada del Estado y letrada en el Tribunal de Justicia de la UE. Todos ellos abordaron con entusiasmo la teoría referente al marco institucional de la UE, aludiendo a la separación de poderes consagrada en los Tratados, recalcando la primacía del Derecho europeo y presentando el proyecto comunitario como uno de valores comunes que garantiza los derechos fundamentales en todo el territorio.
Todo el evento giró alrededor de la construcción de la Unión Europea alrededor de valores jurídicos que tienen como su máxima expresión en la defensa del Estado de derecho, consagrado en el Título 2 del Tratado de la Unión, y que contiene entre sus principales atributos, la defensa de la seguridad jurídica, los derechos humanos, y la separación de poderes, entre otros. Atributos que son "condición sine qua non", para la pertenencia al "club" de la Unión Europea y de obligado cumplimiento para entrar en la Unión y permanecer en ella.
Como ejemplo de las salvaguardias que brinda Bruselas, se citó el caso Hungría o Polonia, que han sido sancionadas de distintas maneras cuando se han interpretado que sus gobiernos han empezado a alejarse de los principios jurídicos y los valores fundamentales de la UE. Sin embargo, el turno de preguntas rompió el guion cuando la conversación pasó al terreno nacional.
Fue entonces cuando desde Libre Mercado tomó la palabra para recordar que los principios teóricos defendidos durante la mesa lamentablemente se ven seriamente comprometidos en España y no se compadecen con la realidad que viven miles de ciudadanos y empresas en nuestro país:
"Siento ser el cenizo de la tarde, pero están describiendo un Estado de derecho basado en valores tan importantes como la separación de poderes, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estamos viendo cómo en España, el presidente del Gobierno somete a las instituciones, donde ya hay muy pocas sobre las que Pedro Sánchez no pueda presumir que ya dependen de él. En cuanto a la inseguridad jurídica, somos el país de la UE con más laudos internacionales impagados por las renovables. Y en cuanto a los derechos humanos ahora un bufete internacional acusa a la Agencia Tributaria de violar derechos fundamentales de los contribuyentes acogidos a la Ley Beckham y amplía su servicio ahora con todas las formas en las que la Agencia Tributaria pisotea los derechos fundamentales de los ciudadanos y empresas españoles, más allá de la Ley Beckham. ¿Cómo puede la Unión Europea contribuir a la salvaguarda del Estado de derecho en España? ¿Dónde está la defensa efectiva de esos valores por parte de la UE?"
La airada respuesta de Silva de Lapuerta
La pregunta quedó flotando en el aire, pero sorprendentemente la moderadora Rosario Silva de Lapuerta cortó el debate de raíz con tono seco:
"Pues plantea usted un panorama desolador. Sólo le diré: imagine cómo estaríamos si estuviéramos fuera de la UE... ¡Solamente le digo eso! Siguiente pregunta…".
Ni una palabra más, ni un detalle adicional en la respuesta, ni la menor reflexión sobre la situación que atraviesa España o los escándalos a los que aludió el periodista de Libre Mercado presente en el acto. Todo, además, ante el silencio cómplice del representante del Tribunal Supremo, la letrada del TJUE y el jefe del Servicio Jurídico de la Comisión, que permitieron que Rosario Silva de Lapuerta, de la Real Academia de Jurisprudencia, evitase por completo el debate.
Así, la pregunta emitida por el Grupo Libertad Digital fue despachada con incomodidad, sin una mínima reflexión sobre los hechos denunciados, a pesar de que algunos de ellos, como el expediente abierto por Amsterdam & Partners contra la Agencia Tributaria Española o las denuncias derivadas de los impagos de las renovables, han tenido eco a nivel global.
El episodio ilustra la creciente distancia entre los discursos de ciertas instituciones y los problemas reales de los contribuyentes y empresas atrapados en un laberinto de arbitrariedades administrativas, impagos sistemáticos y opacidad jurídica. También deja en entredicho el papel de instituciones como la Real Academia de Jurisprudencia, que precisamente ahora que las asociaciones de jueces y el CGPJ reaccionan con valentía ante los peligrosos avances del gobierno contra su independencia, se muestran sorprendentemente dispuestas a recitar principios abstractos y optan por dejar de afrontar los déficits que presenta el Estado de derecho en casa propia.
Un déficit cada vez más evidente, a medida que el Gobierno de Sánchez controla cada vez más instituciones, como el Banco de España, o la Fiscalía, cuya necesaria independencia son garantía misma de la separación de poderes y el Estado de derecho.
Por no hablar de la macrocausa legal por los abusos de la Ley Beckham avanza, los laudos de las renovables siguen sin pagarse, y los españoles continúan sin una respuesta institucional a la altura de una democracia seria. La desconexión entre la Real Academia de Jurisprudencia y la realidad del Estado de derecho en España no podría ser más evidente, a la luz de lo ocurrido.
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