El escándalo de la Ley Beckham sigue creciendo. Tras el estremecedor testimonio de Anna, una de las primeras víctimas que rompió su silencio, Libre Mercado recoge hoy un segundo testimonio que apunta a la posible existencia de un patrón de abuso fiscal por parte de la Agencia Tributaria Española (AEAT) hacia contribuyentes desplazados a nuestro país, motivo por el cual el bufete Amsterdam & Partners ha anunciado una macro-causa contra el fisco.
El protagonista de este segundo caso es, al igual que Anna, un ciudadano de otro país europeo, profesional de alto nivel, al que llamaremos Michael para preservar su privacidad. En su caso, llegó a España con un contrato en vigor de una empresa internacional, acuerdo laboral que fue aceptado formalmente bajo el régimen fiscal especial requerido por las autoridades, que le emitieron el correspondiente certificado en virtud del cual podía aplicar las condiciones de la Ley Beckham, que aplicaba un tipo fijo del 24% en el IRPF con el objetivo de atraer a contribuyentes desplazados de otras economías en un momento en que España no tenía gran atractivo en dicho ámbito.
"Michael" cumplió estrictamente con todas sus obligaciones y jamás fue sujeto a ningún tipo de queja, objeción, revisión o problemática fiscal pero, años después, fue perseguido con lo que, en su opinión, son tácticas más propias de un sistema autoritario que de una Agencia Tributaria moderna y adaptada a los criterios de transparencia y buen gobierno que deberían caracterizar a una democracia.
Así, el protagonista de esta historia llegó a España trasladado por una multinacional, en el marco de una operación plenamente legal y declarada ante las autoridades competentes. Como miles de desplazados o impatriados, se acogió a la Ley Beckham, que le ofrecía una tributación clara y estable durante un periodo de seis años. Presentó su solicitud en tiempo y forma, recibió el certificado oficial de la AEAT que confirmaba su inclusión en el régimen especial y actuó siempre conforme a las indicaciones del fisco.
Durante años no hubo ningún problema. La retención de IRPF fue aplicada correctamente y las declaraciones anuales fueron entregadas con total transparencia, con ese tipo reducido del 24% como referencia. Pero, en el momento en que se produjo una venta de participaciones, con una ganancia legítima que debería estar exenta de tributación adicional según el régimen especial al que se acogió, Hacienda movió ficha contra dicho pago.
Fue entonces cuando la AEAT notificó la apertura de una inspección en contra de "Michael" y, según su testimonio, lo que siguió fue un torbellino de requerimientos, entrevistas, peticiones desproporcionadas y amenazas explícitas. Desde la Agencia Tributaria le pidieron información sobre cuentas extranjeras, movimientos personales, correos privados, redes sociales… Incluso recabaron datos referidos al periplo escolar de sus hijos. Todo, bajo la confusa sospecha de que su operativa habría incurrido en una "simulación", figura jurídica difusa, usada por la Inspección cuando, de acuerdo con Amsterdam & Partners, el fisco no tiene una base sólida para exigir de manera clara un ajuste tributario.
El problema escaló rápidamente. Según el testimonio de nuestro protagonista, la AEAT ofreció un "trato" que consistía en pagar toda la supuesta deuda, aceptar una sanción del 35% y evitar así un proceso penal: la famosa "acta con acuerdo" que han terminado aceptando muchos contribuyentes en situaciones similares. Si el afectado pedía, en cambio, la presentación de un acta formal con base jurídica y la posibilidad de tener derecho a recurso, el importe subía de forma significativa, encareciendo el pago por un monto valorado en cientos de miles de euros. "No podíamos más. Era pagar o arriesgarte a una querella criminal. No nos dejaron otra opción", lamenta.
"Día a día, me acostumbré a vivir así, a ser tratado como un delincuente o un estafador, recibiendo todo tipo de falsas acusaciones", lamenta. "Fue una pesadilla y no se basó en argumentos técnicos, sino en tratarme como un criminal", apunta. "Pensé que, tras cumplir con mis obligaciones, mi periplo en España habría concluido sin mayor problema. ¡Qué equivocado estaba!", lamenta.
"Un patrón sistemático"
Los abogados de Amsterdam & Partners afirman haber detectado en cientos de casos "un patrón sistemático de conducta por parte de la Agencia Tributaria. Se suceden las inspecciones retroactivas, los certificados son ignorados, se presentan acusaciones sin pruebas, se hacen fortísimas amenazas penales, se presiona a los asesores y abogados de los contribuyentes afectados y todo acompañado por un sistema de bonificaciones que premia al inspector que consigue cerrar un "acuerdo" sin pasar por los tribunales".
"Lo que estamos viendo no es un problema aislado. Es una campaña organizada de acoso fiscal contra profesionales extranjeros. Personas que vinieron a trabajar, invertir y pagar impuestos, y que ahora están siendo castigadas por haber confiado en el Estado español", han denunciado desde el bufete, que ha elevado la causa a la opinión pública ante la falta de respuesta institucional en España.
La macro-causa de la Ley Beckham avanza y la reputación de España como destino inversor está en juego, afectada también por los anuncios a toda página que Amsterdam & Partners ha venido publicando en prensa internacional como el Financial Times o el Wall Street Journal. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos por otras prácticas fiscales discriminatorias, y se espera que este caso escale en el plano judicial europeo.