La energética alemana RWE, una de las principales compañías del sector en Europa, cuenta con una presencia destacada en el ámbito de las energías renovables en España. A través de su filial RWE Renewables Iberia, opera más de 440 MW en parques eólicos terrestres y gestiona seis plantas solares con una capacidad total que supera los 250 MW. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran la planta solar Alarcos en Ciudad Real y la central termosolar Andasol 3 en Granada.
Tal y como explicó Libre Mercado, RWE ha obtenido una victoria judicial significativa en Alemania, donde un tribunal desestimó la demanda presentada por el activista peruano Saúl Luciano Lliuya. El demandante acusaba a la compañía de ser parcialmente responsable del deshielo de un glaciar en los Andes debido a sus emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la justicia del país teutón determinó que las pruebas presentadas son a todas luces insuficientes para pretender hacer responsable a RWE, desestimando así la demanda.
Esta victoria, y el escenario de seguridad jurídica que abre ante este tipo de activismo judicial, contrasta con los desafíos que RWE enfrenta en España, donde la germana es una de las 27 empresas afectadas por los impagos relacionados con las primas que fueron ofrecidas a los inversores en energías renovables y que, entre 2010 y 2014, fueron modificadas de manera retroactiva.
En diciembre de 2014, RWE inició un arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), alegando que los cambios regulatorios y fiscales afectaron negativamente a sus inversiones en el país, violando de esta forma las condiciones de seguridad jurídica que España debía garantizar, por ser país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), acuerdo que también contemplaba la posibilidad de ir a un arbitraje internacional en caso de diferencias.
El tribunal arbitral, compuesto por la finlandesa Carita Wallgren-Lindholm (presidenta), el guatemalteco Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y el irlandés Colm O Hoisin, emitió un laudo en diciembre de 2020 ordenando a España pagar 28 millones de euros en compensación a RWE. España quiso revertir la decisión, pero su solicitud de anulación decayó en marzo de 2024.
Transcurrido más de un año, el gobierno de Pedro Sánchez continúa sin cumplir con el laudo, acumulando aproximadamente 7 millones de euros en intereses de demora. Este incumplimiento es un ejemplo más las dificultades que enfrentan las empresas extranjeras que invirtieron en el sector de las energías renovables y que ahora ven como el Ejecutivo se lava las manos a pesar de que se han emitido 27 condenas contra el Reino por casos como el de RWE.
En total, los laudos acumulan 1.516 millones de euros, que a eso hay que sumarle 380 millones de intereses de demora, condenas en costas, gastos judiciales, etc. De modo que la cifra total es 1.858 millones de euros y sigue creciendo. Ante la negativa de pago por parte de España, las empresas afectadas han puesto en marcha medidas legales orientadas a embargar bienes y activos del Reino en países como Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña o Bélgica.