Carlos Conde es profesor universitario y, además, asesor del bufete internacional Amsterdam & Partners, que encabeza desde hace algunas semanas una "macrocausa" contra la Agencia Tributaria derivada del trato que han venido sufriendo cientos de contribuyentes extranjeros que se acogieron a los incentivos para trabajadores desplazados comúnmente descritos como la Ley Beckham.
"La gravedad de lo que está ocurriendo en España supera, de hecho, el alcance de la controversia específica de la Ley Beckham y apunta a una cultura institucional generalizada que se ha instaurado en el seno de la Agencia Tributaria", ha expresado el académico español afincado en Reino Unido en una entrevista concedida a EsRadio y Libre Mercado.
De hecho, Conde apuntó que, "a raíz de todos los contactos que hemos tenido con contribuyentes que están en situaciones similares, nos hemos dado cuenta de que la Ley Beckham es solamente un elemento más de una controversia más general. Esta Hacienda ha instaurado el Reino del Terror", procediendo "con arbitrariedad" y beneficiándose del "miedo" que causa este modus operandi institucional.
Conde denuncia que el gobierno ha querido caricaturizar el caso como una mera defensa de "millonarios extranjeros" que intentan esquivar impuestos. Sin embargo, ha insistido en que "la mayoría de los afectados son profesionales de renta media, media-alta o alta, que vinieron a España con la intención de trabajar, invertir y cumplir la ley. Todos contaban con certificados oficiales de inclusión en el régimen especial de la Ley Beckham, debidamente emitidos por la propia Agencia Tributaria, y estructuraron su fiscalidad bajo asesoramiento legal especializado". Sin embargo, una vez expiró dicho régimen, los afectados vieron cómo el gobierno les pedía que tributasen todo el diferencial que supuestamente les habría ahorrado el régimen dedicado a trabajadores desplazados, duplicando su factura fiscal tras años y años en que jamás se les cuestionaron sus declaraciones de la renta.
"No reconozco a mi país. Vivo en Inglaterra y me estoy encontrando con situaciones tremendas. Hay reuniones en las que, francamente, hemos acabado hasta llorando… Nos emocionan y nos preocupan enormemente los testimonios que recogemos", explica Conde, aludiendo al impacto emocional que está generando esta "macrocausa" entre cientos de familias que han visto arruinadas sus vidas personales, profesionales y patrimoniales a raíz de las avasalladoras reglas que pautan las inspecciones de la AEAT.
Una "macrocausa" que sigue creciendo
El diagnóstico de Amsterdam & Partners no deja lugar a dudas: "No se trata de un problema técnico o puntual, sino de un patrón de conducta institucionalizado que opera al margen del Estado de derecho". Según Conde, el despacho de Bob Amsterdam "ha trabajado con víctimas de persecución fiscal en países con instituciones frágiles o directamente autoritarias… Bob ha luchado contra Rusia, contra regímenes autoritarios africanos, etc. pero "nunca habíamos visto algo tan tremendo como lo que está ocurriendo ahora en España".
Lejos de dar por zanjado el asunto, el bufete ha anunciado que esto "solo acaba de empezar". La estrategia incluye no solo frentes jurídicos, sino también una ofensiva comunicativa internacional, que busca alertar a inversores, ciudadanos europeos y actores institucionales sobre los riesgos que representa este modelo. A ello responden los anuncios a toda página que se han publicado en el Wall Street Journal, el Financial Times y otros medios.
El problema, según Conde, "no es un tipo impositivo más o menos alto, sino que las actuaciones de la Agencia Tributaria están operando fuera del imperio de la ley, con discrecionalidad absoluta, sin garantías para el contribuyente". El proyecto del bufete, por tanto, ha dejado de estar estrictamente ligado a la Ley Beckham y empieza a ser aún más amplio, si cabe, a raíz del patrón de actuación de la AEAT que dicen haber detectado.
Su impacto sobre inversores internacionales y el potencial conflicto con los principios jurídicos europeos "convierten esta "macrocausa" en un asunto internacional de primer orden. Su desenlace podría marcar un punto de inflexión en la forma en que España es percibida por sus socios comerciales, y en la credibilidad de su arquitectura institucional", concluyó Conde.
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