Libre Mercado ha obtenido en exclusiva la resolución emitida por la Dirección General del Patrimonio del Estado, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que revela los ingresos generados por el fisco español a partir de herencias sin sucesores legales entre enero de 2015 y mayo de 2025.
Este organismo, encargado de gestionar los bienes que pasan al Estado por falta de herederos, está dirigido por Juan Tejedor Carnero. Según los datos facilitados, el Tesoro Público ha percibido un total de 64.921.111,31 euros provenientes de 497 casos de expedientes abintestato, es decir, patrimonios de fallecidos sin testamento ni familiares que reclamen sus pertenencias. Tras descontar los importes destinados a quienes colaboraron en la identificación de estos activos, la cifra neta asciende a 61.946.217,75 euros.
Desglose anual de las herencias sin sucesores
El periodo analizado muestra una evolución dispar en los ingresos derivados de patrimonios sin beneficiarios. En 2015, primer año registrado, el fisco ingresó una cantidad neta de 8.283.859,06 euros gracias a 70 expedientes aprobados. Al año siguiente, 2016, se marcó el punto más alto de la década, con un total neto de 11.664.052,64 euros procedentes de 91 casos resueltos. En 2017, la cuantía descendió ligeramente, alcanzando 9.703.215,89 euros a partir de 42 cuentas liquidadas, lo que evidencia una menor actividad en comparación con el año previo.
Posteriormente, en 2018, los ingresos netos sumaron 5.407.680,65 euros con 54 expedientes finalizados, mientras que en 2019 se registró el nivel más bajo del periodo, con apenas 1.503.225,29 euros generados por 32 casos. El año 2020, marcado por la pandemia, mostró una recuperación moderada, con 4.072.421,09 euros netos provenientes de 32 resoluciones. En 2021, la cifra ascendió a 3.292.871,87 euros gracias a 38 expedientes, manteniendo una tendencia estable.
A partir de 2022, los montos comenzaron a repuntar: ese año se recaudaron 4.734.061,12 euros con 50 casos aprobados. En 2023, el ingreso neto fue de 4.516.535,84 euros a partir de 35 liquidaciones, y en 2024 se alcanzó un total de 6.053.044,23 euros con 45 expedientes concluidos. Hasta mayo de 2025, los datos reflejan 2.715.250,07 euros netos obtenidos de tan solo 8 casos, lo que sugiere que el año aún no completo podría cerrar con cifras relevantes. Esta fluctuación anual refleja tanto la cantidad de fallecimientos sin sucesores como el valor variable de los bienes heredados.
Panorama por CCAA
Las herencias sin herederos han generado aportaciones significativas al erario público, con notables diferencias entre las comunidades autónomas. Encabezando la lista, el País Vasco destaca con 9.731.860,82 euros netos, resultado de 36 expedientes, donde Vizcaya sobresale por casos millonarios resueltos en 2017. Le sigue Castilla y León, que contribuyó con 7.901.572,01 euros a partir de 103 liquidaciones, consolidándose como la región con mayor número de resoluciones.
En tercer lugar, Andalucía ingresó 5.023.618,77 euros provenientes de 92 casos, con provincias como Sevilla y Almería destacando por el valor de sus legados. Madrid, por su parte, sumó 3.873.495,11 euros a través de 61 cuentas aprobadas, reflejando la relevancia económica de la capital. Las Islas Baleares se sitúan a continuación, aportando 2.570.097,27 euros con 28 expedientes, una cifra que apunta a patrimonios de cierta envergadura.
Cantabria generó 2.324.789,85 euros gracias a 38 casos, mientras que Cataluña, con solo 17 resoluciones, añadió 2.153.374,72 euros, impulsada por un expediente notable en Barcelona. Sorprende Extremadura, que con apenas 5 expedientes alcanzó 1.863.323,33 euros, lo que sugiere herencias de gran cuantía. Más atrás, Castilla-La Mancha contribuyó con 939.598,36 euros a partir de 4 casos, seguida por Asturias, que sumó 872.065,11 euros con 12 liquidaciones.
Murcia ingresó 772.612,83 euros mediante 11 expedientes, con un aporte significativo en 2024, mientras que La Rioja, también con 11 casos, añadió 406.514,50 euros. Por su parte, Canarias aportó 452.898,67 euros con 5 resoluciones, y la Comunidad Valenciana, con solo 3 casos, sumó 202.210,77 euros. Aragón contribuyó con 42.351,08 euros netos provenientes de 2 expedientes (Huesca y Teruel), y Galicia, con un único caso, generó 4.871,22 euros.
Entre las ciudades autónomas, Ceuta registró una modesta aportación de 2.867,00 euros con un solo expediente, mientras que Melilla no reportó ninguna herencia de este tipo, quedando en cero. En el caso de Navarra, no se disponen de datos debido a que esta competencia está transferida.
Casos destacados que enriquecieron al fisco
Identificar los expedientes individuales más cuantiosos resulta complicado cuando varias herencias coinciden en una misma provincia y año, ya que los datos se presentan agregados. Sin embargo, para aquellos casos en los que solo se registra un expediente por provincia y año, es posible destacar los más relevantes:
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Barcelona, 2017: Un único caso dejó 798.341,51 euros brutos, consolidándose como el más significativo del periodo y justificando el subtítulo de esta noticia.
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Almería, 2015: Este expediente aportó 500.000,00 euros brutos, un monto elevado para una región con pocos casos.
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León, 2020: Un fallecido sin sucesores generó 357.972,99 euros brutos, destacando en plena pandemia.
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Valencia, 2023: Este caso sumó 122.757,63 euros brutos, un aporte notable en una autonomía con escasos expedientes.
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Murcia, 2024: Un expediente aislado dejó 435.687,11 euros brutos, uno de los más altos del último año analizado.
En provincias como Vizcaya o Sevilla, donde los montos totales son elevados pero se distribuyen entre múltiples casos anuales, la falta de desglose impide precisar qué expediente individual fue el más cuantioso. Por ejemplo, Vizcaya en 2017 registró 6.665.883,95 euros brutos de 6 casos, sugiriendo al menos un patrimonio excepcional, pero sin datos específicos por fallecido.
Normativa que regula estas sucesiones
En España, las herencias sin beneficiarios están reguladas por el Código Civil. El artículo 956 establece que, ante la ausencia de testamento y herederos legítimos, los bienes del fallecido pasan al Estado. Este proceso, gestionado por la Dirección General del Patrimonio del Estado, implica verificar la inexistencia de sucesores antes de liquidar el patrimonio. Además, el artículo 957 dispone que una porción de estos fondos debe destinarse a instituciones benéficas o educativas, aunque en la práctica, la mayoría se integra en el presupuesto general.
Esta legislación, vigente desde 1889 y actualizada en diversas ocasiones, busca garantizar que los bienes ociosos tengan un uso público. Para más información, el texto completo del Código Civil está disponible en el Boletín Oficial del Estado. Este marco legal refleja el equilibrio entre la gestión fiscal y el compromiso social del Estado.
Libre Mercado exigirá más transparencia
La resolución facilitada omite detalles cruciales solicitados originalmente. Entre la información no proporcionada se encuentra el número de individuos que legaron voluntariamente sus bienes al Estado, así como el valor total de dichos legados, desglosado en efectivo y propiedades inmobiliarias. tampoco se detalla el tipo de inmuebles donados, como viviendas, locales comerciales o terrenos rurales y urbanos. Además, se carece de datos sobre subastas realizadas con estos activos, los ingresos generados por esas ventas, el número de compradores distintos y el gasto de los principales inversores en dichas operaciones.
Esta ausencia de información limita la comprensión del impacto económico y social de las herencias abintestato. Por ello, Libre Mercado ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, argumentando que el acceso a estos datos es esencial para evaluar la gestión estatal y verificar si se cumple la obligación de destinar fondos a fines benéficos. La opacidad en estos aspectos genera dudas sobre la administración de un patrimonio que, por ley, pertenece al conjunto de la sociedad.
Justificaciones de Hacienda
La Dirección General del Patrimonio del Estado sostiene que la información omitida no puede extraerse directamente de su sistema informático. Según la resolución, responder plenamente requeriría un esfuerzo adicional de búsqueda y procesamiento en numerosos expedientes, lo que implicaría una reelaboración de los registros existentes. Este trabajo, aseguran, afectaría gravemente el funcionamiento habitual de la unidad, debido a la falta de recursos para asumir esa carga.
Apoyándose en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013 de Transparencia, el organismo considera que esta situación justifica la entrega parcial de los datos. A pesar de ello, Libre Mercado cuestiona la validez de esta explicación, defendiendo que la relevancia pública de la información debería primar sobre las limitaciones administrativas.