El Gobierno de España ha abonado por primera vez uno de los laudos arbitrales dictados tras el recorte retroactivo a las primas de las renovables. La condena satisfecha corresponde a un procedimiento abierto en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que fue representada por el fondo Blasket Renewable Investments. La decisión marca un punto de inflexión, al poner fin a años de bloqueo institucional y abrir la puerta a una relación más constructiva entre el Reino y sus acreedores.
El caso fue registrado en el CIADI —el tribunal arbitral del Banco Mundial— y posteriormente ejecutado ante la justicia estadounidense. El bufete Gibson Dunn lideró la acción legal ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, donde logró que se reconociera formalmente la deuda pendiente. Este paso habilitaba la posibilidad de embargar activos del Reino de España, pero el acuerdo alcanzado entre las partes ha evitado dicho desenlace y ha permitido cerrar la disputa.
Según ha podido confirmar Libre Mercado, se trata del primer pago ejecutado por España en el contexto de los 27 laudos firmes que acumula como consecuencia del giro normativo acometido entre 2010 y 2014 por sucesivos gobiernos. La primera denuncia ante el CIADI fue registrada en 2011, de modo que este desenlace llega catorce años después del inicio de la oleada de litigios.
Advertencia de los abogados
El abogado Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn y principal representante de los inversores en el caso, ha valorado así el pago del laudo:
"Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo en caso de no ser abonados. Tal desenlace es inevitable. Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras"
El pago a JGC Holdings sienta un importante precedente. Desde el sector legal y financiero, los acreedores subrayan su voluntad de alcanzar acuerdos, pero también recuerdan que siguen en marcha distintos procesos de ejecución ante tribunales internacionales. En este sentido, juzgados de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya han adoptado medidas cautelares para proteger los derechos de los inversores afectados, entre ellas el embargo de activos del Reino de España.
El laudo original impuso a España el pago de 23,5 millones de euros. Sin embargo, esta cifra se incrementó en un 54% a raíz de los impagos de España, que incrementaron los intereses de demora ligados a la resolución de la disputa. Por lo tanto, fuentes conocedoras del proceso sitúan el pago total en el entorno de los 37 millones.