La noticia de la semana para el Gobierno no ha sido el (previsible) fracaso de la Conferencia de Presidentes. Ni la (esperpéntica) rueda de prensa de Leire Díez para explicar que se reunía con grandes empresarios imputados para ofrecerles favores en sus procesos judiciales en nombre propio, porque cómo va alguien a pensar que el PSOE está involucrado en eso. Quizás lo que más le complique la vida a Pedro Sánchez a medio plazo sea lo que publicaba El País el pasado jueves y que ha pasado más o menos desapercibido, en parte porque suena a discusión técnica por un quítame de acá unas cuantas décimas de gasto. Nos contaba Antonio Maqueda que "El Gobierno repetirá el examen de las pensiones por la presión de Bruselas". Al parecer, en la Comisión Europea están molestos porque "formaran parte del examen estas transferencias de impuestos a la Seguridad Social. El motivo era que solo se tenía en cuenta el estado del sistema de pensiones y no el del conjunto de las finanzas públicas. Argumentaron que simplemente se estaba moviendo el agujero contable de sitio, de las pensiones al presupuesto".
En resumen, en Bruselas se han sumado a aquellos que creemos que el cuento de la caja única de la Seguridad Social no deja de ser un artificio contable. Las pensiones no se pagan sólo con cotizaciones (afortunadamente para los pensionistas) y la contributividad del sistema es cada día más una figura retórica. Por eso, nos dicen nuestros socios (que también son nuestros avalistas) que para saber si son necesarios nuevos ajustes o si nuestro gasto es más sostenible, mirar sólo las cuentas de la Seguridad Social sería absurdo. Más aún teniendo en cuenta que el Estado le inyecta varias decenas de miles de millones de euros cada año, vía transferencias (o préstamos que todos sabemos que nunca se abonarán; entre otras cosas porque el deudor y el acreedor son el mismo). Por eso, nos dicen desde Bruselas, tenemos que ver la foto real, sin artificios contables que escondan en una cuenta del Presupuesto lo que se escapa de la otra.
Hasta aquí, todo normal. De hecho, si se confirma, sería una buena noticia. Por fin alguien en la UE se ha dado cuenta del trilerismo presupuestario del Gobierno. Ya sólo faltaría que nos digan algo sobre la hucha fake y nos recuerden que si un día tenemos problemas de verdad para pagar las pensiones, el Fondo de Reserva no servirá de nada.
Pero quizás alguien se pregunte por qué iniciábamos el artículo asegurando que esto puede tener más implicaciones para el Gobierno que los escándalos de corrupción que cada día asaltan los titulares. La clave es que Bruselas no le pide a Elma Saiz que aclare las cuentas de la Seguridad Social sólo para organizar el Excel. Lo que está detrás es el desembolso de una nueva partida de fondos europeos con la que el Gobierno ya contaba y que ahora se ha complicado, porque los técnicos comunitarios no creen que se hayan cumplido todos los hitos.
Pedro Sánchez necesita ese dinero. Es probablemente su mejor arma electoral. Sin Presupuestos y sin mayorías claras para aprobar nada en el Congreso, nada como unos cuantos miles de millones de euros que te llegan de fuera para unas cuantas políticas populistas y para impulsar otro poquito el PIB. No puede permitirse no recibirlos. Así que tendrá que rehacer los números.
¿Recortes?
¿Significa eso que le saldrán negativos y que veremos recortes en las pensiones? No, pero sí que podríamos estar presenciando el inicio de una peligrosísima deriva de la que ya alertamos hace un par de años, cuando el exministro José Luis Escrivá remató su reforma (a regañadientes; de nuevo, empujado por Bruselas) con un mecanismo de cierre tan peligroso como ignorado por buena parte de la opinión pública. El ahora gobernador del Banco de España se vio obligado a incluir un sistema por el cual las cotizaciones sociales subirían de forma automática si las cuentas no cuadraban. Fue la única manera de calmar a unos técnicos comunitarios que estaban con la mosca detrás de la oreja.
A partir de ahí, todo lo que leemos sobre los diferentes enfrentamientos o discrepancias entre el Gobierno y la AIReF o el Gobierno y la Comisión nacen de aquella disposición. ¿Por qué es importante ese informe de la AIReF sobre la salud financiera del sistema de pensiones que tanto dio que hablar hace sólo unas semanas? Pues porque en función de la nota del examen, habrá que poner en marcha ese mecanismo de ajuste automático.
Eso sí, que no se asusten los pensionistas, a ellos noles toca. El mecanismo sólo ajusta por el lado de los ingresos. Tiene toda la pinta de que en los próximos 2-3 años (puede que antes) nos dirán que hace falta tocar alguno (puede que los tres) de los nuevos impuestos de la reforma de Escrivá: (1) el MEI, que pagamos todos; (2) la Cuota de Solidaridad, que recae sobre los sueldos más altos; y (3) la subida de las bases máximas, que cada vez afecta a más trabajadores. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión: en Francia, cuando aprobaron el impuesto finalista para las pensiones, apenas suponía unas décimas de coste extra. Ya están por encima del 10% del coste laboral. Nuestro camino no será muy diferente. Las implicaciones de esto en términos de coste para las empresas y competitividad son muy evidentes. ¿Los sueldos netos son muy bajos en España? ¿Los jóvenes apenas tienen, con lo que ganan, para sus gastos más esenciales? ¿Entre esos salarios bajos y la subida del precio de la vivienda, los ingresos disponibles reales de millones de personas son menores que hace una década? No estamos simplemente ante una discusión que parece simplemente un debate técnico sobre cómo contabilizar unas partidas. El castillo de naipes de Sánchez puede estar mucho más cerca de derrumbarse de lo que parece. Eso sí, intentará que se mantenga en pie sostenido sobre las espaldas del contribuyente-cotizante. Hasta ahora, más o menos, lo ha logrado.