Salvo sorpresa de última hora, las propietarias de la central nuclear de Almaraz, la primera en cerrar según el calendario del Gobierno, plantearán este mes la posibilidad de una prórroga hasta 2030, tres años de margen que según han planteado en público directivos de las compañías darían más tiempo al debate sobre el cierre. En principio, se trataría de una prórroga relativamente sencilla, según señaló recientemente el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. En su día, las propietarias de Almaraz presentaron al reclamar su última autorización una Revisión Periódica de Seguridad para diez años, aunque finalmente sólo se les concediera una extensión de siete. Esto haría que la parte más importante de los trabajos para pedir una renovación ya estarían listos y con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear.
Los mensajes a favor de esta pequeña prórroga se han sucedido, e intensificado, tras el apagón del pasado mes de abril y se espera que las compañías agrupadas en Centrales Nucleares Alcaraz-Trillo (CNAT) pongan sobre la mesa emprender los trabajos necesarios para posibilitar su continuidad durante tres años. En paralelo, las eléctricas también siguen insistiendo sobre el que consideran principal obstáculo para que el parque nuclear español siga abierto: la carga fiscal que soportan y que ven discriminatoria frente a otras tecnologías. En reiteradas ocasiones el sector ha señalado que son la condición para decidir si siguen adelante.
En este contexto, desde el sector han difundido un nuevo informe para avalar sus demandas: el estudio, de Ernst and Young, compara a España con otros cinco países europeos con centrales nucleares y concluye que nuestro país "es el único que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares". "Todos los países analizados (Francia, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Suiza) aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad". Sin embargo, España sería el único con impuestos extra: el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado, creado por el Gobierno Rajoy en 2012, y las denominadas ecotasas autonómicas, existentes en todas las autonomías con reactores salvo Castilla-La Mancha.
El informe, que constata cómo a diferencia de España ninguno de estos países tiene planes de cierre (tampoco Suiza, cuyo reactor más antiguo tiene planes de seguir operando más allá de los sesenta años), señala cómo tampoco mantienen "impuestos adicionales a la energía nuclear" más allá de los relativos a producción de electricidad, gestión de residuos y seguridad, concepto este último que en el caso español supone el pago de tasas a la Guardia Civil y al Consejo de Seguridad Nuclear.
Los "impuestos adicionales" españoles, las ecotasas y el impuesto sobre combustible gastado, supondrían 9,2 euros MW/hora dentro de los hasta 28,6 €/MWh que pagan las nucleares en total entre tasas e impuestos. Respecto al impuesto sobre el combustible gastado, destacan que en realidad se destina a "cubrir los costes del sistema eléctrico".
En cuanto a la tasa Enresa, el otro caballo de batalla de las empresas, que han llevado a los tribunales la última subida adoptada por el Gobierno por el sobrecoste de abandonar el almacén de Villar de Cañas, el informe destaca cómo todos los países pagan tasas equiparables pero España es la única que en todo el proceso mantiene a las propietarias al margen. La mayoría de países, destacan, "tienen dualidad entre operadores y organismos públicos en el cálculo, revisión y gestión de los costes de desmantelamiento, gestión de residuos y combustible gastado". En el caso español, quien calcula los costes es la pública Enresa y quien revisa las estimaciones de gasto, el Gobierno, sin cooperación alguna de las compañías. Por el momento, el fondo para el desmantelamiento consta de casi 8.000 millones y las empresas deben aportar aún otros 4.000. Desde el sector señalan que se trata de un modelo centralizado y opaco que contrasta con las prácticas europeas con unas empresas participando activamente en cálculos y costes.
Una hipotética prórroga de Almaraz serviría en cualquier caso para amortiguar la tasa Enresa, que se calcula en función de los años en que las centrales continúen operando. Por otro lado, un primer gesto de las empresas a favor de la continuidad dejaría otra vez la pelota en el lado del Gobierno, que por el momento se ha limitado a decir que son las propietarias las que deben dar el paso y que una hipotética prórroga tendría como condición que no costara dinero a los ciudadanos. Desde las industrias insisten en que una alta fiscalidad compromete "su competitividad y sostenibilidad económica" y "pone en riesgo su viabilidad".
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