El absentismo laboral en España se ha convertido en una de las principales amenazas para la competitividad empresarial y la sostenibilidad del sistema de protección social. Así lo demuestra el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que alerta de que España se sitúa como el tercer país europeo con mayor absentismo, con un 4,1% de trabajadores entre 20 y 64 años que no acuden a su puesto por enfermedad, accidente o incapacidad temporal. La media de la UE-27 es del 2,5%.
La tendencia es creciente: entre 2014 y 2022 el absentismo aumentó un 30% en Europa, pero en España la cifra se ha doblado en solo ocho años. A escala regional, todas las comunidades autónomas han empeorado respecto a hace una década, siendo País Vasco, Galicia y Cantabria las que encabezan la clasificación en 2023, con tasas próximas al 6%. En el otro extremo se sitúan Madrid y Andalucía.
El informe del IVIE estima que el coste total del absentismo laboral alcanzó los 81.574 millones de euros en 2023, lo que representa un 5,4% del PIB. Un problema que, en palabras del instituto, requiere de un "esfuerzo colectivo para mejorar la salud de los trabajadores, mantener la competitividad empresarial y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social".
El sector de la limpieza: epicentro de la alarma
Uno de los sectores más afectados por esta tendencia es el de la limpieza. Según el nuevo Libro Blanco del Sector de la Limpieza, elaborado por el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y presentado hoy por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), el 13% de los trabajadores del sector se ausenta cada día de su puesto de trabajo. Esta cifra supone una tasa un 70% superior a la media del resto de sectores económicos.
Además, las bajas laborales en el sector son más frecuentes y más largas. En 2023, el número de bajas por cada 1.000 empleados fue de 42 —frente a 30,4 en el conjunto de la economía— y su duración media fue de 55 días, 15 más que la media nacional. La elevada tasa de parcialidad (53,9%) y el hecho de que más del 30% de los trabajadores perciban el SMI agravan aún más el escenario.
El presidente de ASPEL, Juan Ignacio Beltrán, ha advertido a este respecto que "el gobierno está llevando a las empresas de limpieza a una situación insostenible". A la presión del absentismo se suman otros factores como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de cotizaciones desde 2023, la posible reducción de la jornada laboral que tramita el Congreso, y la desindexación de los contratos públicos, que impide actualizar automáticamente los precios.
Beltrán ha sido tajante: "Si no se corrige el rumbo, llegará un momento en que las administraciones no encontrarán quién les preste servicios tan esenciales como la limpieza de hospitales, colegios, estaciones o aeropuertos". Según el informe, los costes laborales suponen más del 85% del total en las empresas del sector. A pesar de ello, han aumentado precios menos que el resto de sectores, mientras su facturación ha pasado de 11.288 millones de euros a 13.709 millones en los últimos años. El sector emplea hoy a más de 540.000 personas en España.
Navarra, líder en incidencia y recurrencia
El IVIE también subraya que Navarra es la región con mayor incidencia: en 2023 se registraron 719 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores protegidos. Además, lidera el porcentaje de "repetidores" —empleados con dos o más procesos con jornadas perdidas en 12 meses— con un 61,2%, muy por encima de la media nacional del 52,6%.
El aumento del absentismo en España no solo plantea un problema económico directo por su coste, sino que complica la gestión del mercado laboral y amenaza con desbordar sectores intensivos en mano de obra, como el de la limpieza, uno de los más imprescindibles para el funcionamiento de infraestructuras públicas y privadas.
El diagnóstico es claro: el absentismo laboral en España ha pasado de ser una preocupación marginal a convertirse en una emergencia económica y social. Su resolución exigirá reformas en múltiples frentes —laborales, fiscales y contractuales— para evitar que esta dinámica erosione la productividad y la estabilidad del país.