Nuevo movimiento, infructuoso, en el debate sobre el futuro nuclear español. Tras semanas de insistir en que la pelota estaba en el tejado de las empresa propietarias, este viernes ha trascendido que Endesa e Iberdrola han dado el paso de presentar al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta para extender la vida de las centrales, según ha adelantado Cinco Días y han confirmado fuentes miniesteriales a Europa Press.
La carta no mueve demasiado el calendario pactado para 2019 pero contempla un movimiento clave: el cierre de Almaraz, previsto ahora para 2027 y 2028, pasaría a 2030, un año decisivo para el futuro del parque nuclear. La petición, planteada por las propietarias mayoritarias, Endesa e Iberdrola, y no por EDP y Naturgy (aunque esta última fue la primera que habló de una miniprórroga para Almaraz) plantea que el cambio serviría para rebajar la tasa Enresa, la que pagan las empresas para cubrir la gestión de residuos y el desmantelamiento. Dado que se paga por año en operación, un alargamiento de los plazos permitiría reducirla un 18%, calcula el diario de Prisa.
El Ministerio, sin embargo, ya ha desechado la propuesta. Fuentes ministeriales consideran que la carta "es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal". Aluden a lo que avanzó Sánchez en pleno debate sobre el apagón entre ataques a esta tecnología y cuando mencionó a sus "ultrarricos" dueños: esa hipotética prórroga tendría que suponer seguridad para las personas, seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Sería este último punto el que habría provocado el rechazo del Gobierno: las fuentes señalan que esta "declaración de intenciones está condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas", sin dar más explicaciones al respecto.
Este jarro de agua fría llega unos días antes de que las dueñas de Almaraz acuerden, previsiblemente, comenzar a tramitar la petición oficial de una prórroga hasta 2030. En las últimas semanas, las eléctricas se han manifestado repetidamente a favor de mantener más tiempo la energía nuclear alertando al mismo tiempo de que los impuestos dificultan su rentabilidad. Un último informe al respecto señalaba que España sufre más tasas e impuestos que otros países europeos señalando en particular las ecotasas autonómicas (que la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que va a eliminar) y el impuesto sobre el combustible gastado aprobado en 2012. Mientras, las propietarias mantienen su batalla en los tribunales contra la última subida de la tasa Enresa, de un 30%, aprobada por el Gobierno para asumir el sobrecoste de renunciar a construir el almacén de Villar de Cañas.
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