El CIADI ha dictado el laudo final de un caso que se ha saldado con victoria para una empresa española. En esta ocasión, se trata de Enagás, que podrá cobrar 104 millones de dólares adicionales de parte del Estado peruano, elevando a 302 millones el total de la indemnización que deberá recibir por la violación de sus derechos como inversor internacional. El tribunal encargado del caso ha sido claro: la prohibición de repatriar dividendos impuesta por Perú constituye una vulneración del principio de trato justo y equitativo y resulta incompatible con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre España y Perú.
Esta noticia no solo tiene implicaciones para la energética española, que mantiene congelados cerca de 500 millones de dólares en dividendos debido al proceder arbitrario del gobierno del país andino, sino que además ofrece una lección valiosa sobre el papel que desempeñan los tribunales internacionales de arbitraje como garantes de la seguridad jurídica frente a gobiernos que incurren en pautas de intervencionismo incompatibles con el imperio de la ley.
La victoria de la compañía denunciante contrasta con el infierno legal que otras empresas están viviendo en un país que, paradójicamente, es el mercado de origen de Enagás. Hablamos, claro está, de España. Y es que, desde hace años, nuestro país acumula 27 laudos internacionales en su contra por el hachazo retroactivo a las primas renovables practicado de 2010 a 2014. Y, de hecho, como es sabido, España lidera el ranking mundial de impagos de condenas por vulnerar tratados de protección de inversiones en el sector energético.
La diferencia entre Perú y España
A diferencia del caso peruano, el gobierno español no solo ha recurrido sin éxito la mayoría de estos laudos, sino que ha utilizado todos los instrumentos procesales posibles para retrasar su pago, obligando a las empresas afectadas a recurrir a medidas extremas, como el embargo de bienes y activos del Reino.
La paradoja es escandalosa: una empresa pública española se beneficia del mismo sistema de protección inversora que nuestro país lleva años torpedeando cuando es al Reino al que le toca estar en el banquillo. El mensaje que se lanza a los inversores internacionales es devastador: España exige fuera lo que no respeta dentro. Mientras Enagás refuerza su posición contable y financiera con esta decisión favorable y pone fin a una verdadera pesadilla, la imagen de España sigue deteriorándose en los círculos de arbitraje internacional, con el consecuente golpe a nuestra credibilidad en los mercados internacionales.
El caso de Enagás debería ser una llamada de atención para que España abandone la política de negacionismo jurídico e incumplimiento de laudos en la que se ha instalado bajo el gobierno de Pedro Sánchez y se comprometa, de una vez por todas, a cumplir con las obligaciones que se derivan de sus compromisos y tratados internacionales. Si no lo hace por convicción, al menos que lo haga por coherencia con las empresas españolas que se benefician enormemente de que otros países actúen en sentido inverso a lo que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.