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Multa de hasta 288.000 euros para un agricultor por plantar nectarinas con copyright

El hombre ha sido acusado de un supuesto delito contra la propiedad industrial.

El hombre ha sido acusado de un supuesto delito contra la propiedad industrial.
La 'Nectadiva' es una variedad tardía de nectarina resistente al transporte. | Pixabay/CC/josealbafotos

La Guardia Civil ha detenido a un agricultor de la comarca del Segriá (Lérida) acusado de cultivar una variedad protegida de nectarina sin pagar el canon correspondiente a sus titulares. El hombre ha sido acusado de un supuesto delito contra la propiedad industrial que podría castigarse con pena de prisión de 1 a 3 años o multas de hasta 288.000 euros.

Según un comunicado de la Benemérita, el investigado injertó en unos 5.000 árboles repartidos en tres parcelas una variedad de nectarina denominada 'nectadiva', variedad tardía y resistente al traslado desarrollada por A. y L. Maillard y gestionada por el editor Agro Selections Fruit.

Según medios locales, la empresa que posee los derechos de protección de esta variedad denunció los hechos en febrero. Los agentes iniciaron una investigación en el marco de la operación ‘Mochilo’ y, tras recoger muestras en la plantación de la empresa agrícola de la comarca del Segriá, descubrieron que la variedad tenía un perfil de ADN idéntico al de la nectarina ‘nectadiva’, según informó la Guardia Civil en un comunicado.

El pasado sábado, los agentes procedieron a detener al agricultor acusado de un supuesto delito contra la propiedad industrial que castiga la producción, comercialización, venta, posesión, reproducción y multiplicación de una variedad vegetal protegida sin haber pagado a los titulares el canon correspondiente.

Aunque el detenido quedó en libertad tras declarar en dependencias policiales y está pendiente de diligencias judiciales, podría enfrentarse a consecuencias graves. Según la Ley 3/2000, de protección de obtenciones vegetales, reproducir, multiplicar o vender sin autorización variedades protegidas sin el pago de canon constituye infracción administrativa. Sin embargo, se puede considerar un delito penal cuando se realiza con ánimo de lucro y se castiga con pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses, con una cuota diaria de 2 a 400 euros, lo que puede suponer un total de hasta 288.000 euros.

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