El Tribunal Constitucional ha vuelto a parar los pies a la Agencia Tributaria y ha dado la razón al Senado en el conflicto planteado por el Gobierno contra un acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta para tramitar una norma para derogar la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De este modo, el Alto Tribunal limita la capacidad de veto de Hacienda sobre leyes tributarias.
De este modo, la corte de garantías del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por unanimidad donde se establece que el Senado "actuó dentro de sus competencias" cuando tomó en consideración una proposición de ley, presentada por el PP, para derogar la Ley del impuesto sobre sucesiones de 1987.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez se opuso a esta iniciativa con un veto presupuestario, explicando que ésta afectaba a los presupuestos. Sin embargo, la Mesa del Senado rechazó el veto del Gobierno puesto que consideró que no se ajustaba a la doctrina constitucional en tanto que la medida no afectaba al presupuesto en curso, dado que entraba en vigor el 1 de enero de 2024.
Así, el Gobierno planteaba un conflicto entre órganos constitucionales, pero el Constitucional detalla que que cuando la doctrina constitucional ciñe la prerrogativa de veto a los presupuestos en curso, se refiere a los que "estaban rigiendo al tiempo de presentación de la iniciativa legislativa". En este sentido, cabe destacar que en el momento de presentarse la iniciativa los únicos presupuestos en curso eran los de 2023, a los que no afectaba la medida, ya que esta entraba en vigor el 1 de enero de 2024.
Por tanto, la entrada en vigor estaba prevista para otro ejercicio presupuestario distinto, con independencia de que los presupuestos de 2023 se prorrogasen o no. Además, deja claro que el veto no puede ejercerse en relación con presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno, y descarta que se pueda interpretar el veto en clave plurianual porque "supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".