España tiene 25 años para encontrar recursos con los que pagar a un 50% más de pensionistas que los actuales. Suena a una subida muy sustancial de beneficiarios (lo es). Y a poco tiempo (también). Pero es lo que hay.
Las generaciones más numerosas de nuestra historia se están empezando a jubilar ahora. Recuerden: 1958 + 67 = 2025. Hacemos esta suma porque 1958 es el año que suele tomarse como el comienzo del baby-boom en España; y 67 la edad de jubilación oficial tras la reforma de 2011. Pues bien, lo que esto quiere decir es que ahora estamos empezando a ver de verdad los efectos del envejecimiento, que ya afectaban a nuestra sociedad, pero a partir de estos momentos se acentuarán.
Con esta premisa, esta semana se publicaba el informe "Situación del sistema público de pensiones y proyecciones 2050 dentro del proceso de revisión en 2025", de Miguel Ángel García Díaz (profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigador de FEDEA) para el Instituto Santalucía. El documento tiene la gran virtud de la claridad. Estamos ante un tema muy dado a la confusión: los presupuestos de la Seguridad Social son pretendidamente complejos, en parte para que nunca esté del todo claro (o haya que buscarlo mucho) cuál es el saldo de la parte contributiva del sistema. En este caso, García Díaz ha realizado un ejercicio de desbroce entre las cifras para extraer sólo lo fundamental: pensionistas - gastos e ingresos relacionados con las pensiones - transferencias del Estado. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones.
Pensionistas y generosidad
El primer gráfico es el más relevante. Porque nos habla de la proyección del número de pensiones desde el nivel actual (rozando los diez millones en el momento de elaboración del informe) a los 15,6 millones que se prevé para 2050. Y, al contrario que con otras previsiones que están más sujetas a una revisión posterior, en el caso del número de pensiones y de pensionistas, más o menos podemos tener una cierta seguridad. El crecimiento económico, la inflación o la productividad pueden dispararse o hundirse por múltiples motivos. Pero los pensionistas de 2050 ya están entre nosotros, son los españoles que nacieron en la década de los 60 y 70. Por lo tanto, salvo catástrofe demográfica (otra pandemia o algo similar) podemos calcular con bastante exactitud cómo evolucionará su número en las próximas dos-tres décadas.
A este número de futuros pensionistas que vivirán en España a mediados de este siglo, hay que añadirle un nuevo factor. Como vemos en el gráfico de debajo, nuestro país es el más generoso con sus jubilados. En ningún otro sistema de pensiones europeo, la primera prestación que uno recibe al dejar de trabajar es tan elevada, en relación al último salario, como en el nuestro. Más del 77% de tasa de sustitución, frente a una media del 44-45% en la Eurozona y la UE. Sólo Grecia, Portugal o Italia se acercan a nuestras cifras.
El presupuesto
¿Y esto cómo pensamos pagarlo? Pues tirando del presupuesto, como con cualquier otro gasto público. Aquí viene una de las principales novedades de este informe. Estamos acostumbrados a la mezcolanza de los gastos de la Seguridad Social, un organismo que no sólo paga pensiones, sino también muchas otras prestaciones públicas; y que no sólo recibe ingresos por cotizaciones contributivas para pensiones. García Díaz, por el contrario, limpia las cifras para ofrecernos la realidad del sistema a día de hoy.
En lo que hace referencia al gasto, sólo tiene en cuenta Pensiones Contributivas, Pensiones no Contributivas y Clases Pasivas. Es decir, prestaciones relacionadas con la vejez o la incapacidad permanente a las que se ha comprometido el Estado.
En el lado de los ingresos, coge las cotizaciones sociales (quitando el montante destinado al pago de prestaciones como incapacidad temporal o el gasto en administración); los nuevos ingresos derivados del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (el impuesto finalista aprobado en la reforma de 2023), las cuotas de clases pasivas y las tasas que cobra la Seguridad Social.
El resultado es esclarecedor:
- En 2018, el gasto total en pensiones ascendía a 145.398 millones. En 2024, había pasado a ser de 206.119 millones
- Mientras, los ingresos eran de 109.149 millones en 2018. Y de 147.045 millones el pasado año.
- Por lo tanto, el déficit anual que era de poco más de 36.000 millones hace seis años, ahora asciende a cerca de 60.000 millones.
En este punto, habrá quien piense que nunca ha escuchado que la Seguridad Social tenga un déficit tan elevado. Algo que es cierto. Pero esto es porque el Estado le hace todos los años una enorme transferencia de dinero al organismo público, para financiar las no contributivas o los complementos a mínimos.. Para que nos hagamos una idea, en 2024, esas transferencias sumaban más de 49.000 millones sumando la parte destinada al pago de las clases pasivos.
El problema es que, más allá de la discusión sobre técnica presupuestaria, lo evidente es que los gastos están ahí, los ingresos también y el dinero que el Estado manda cada año sale del mismo sitio, el bolsillo del contribuyente. De hecho, ni siquiera con esas transferencias el presupuesto de la Seguridad Social queda equilibrado y tiene que recurrir a un préstamo anual con el Estado que todos sabemos que nunca se pagará (porque no es necesario, Administración Central y Seguridad Social son, en el fondo, lo mismo: parte de la organización del Estado).
¿Sistema?
En Libre Mercado, hemos explicado en anteriores ocasiones que hay dos formas de mirar este asunto. La primera, la oficial, es pensar en un sistema de pensiones independiente (la Seguridad Social) con unos gastos (prestaciones) y unos ingresos (cotizaciones) que deberían estar equilibrados. Si uno se lo plantea así, es lógico que esté aterrado ante la situación actual: es evidente que ni este año ni en los próximos el sistema estará cerca del equilibrio presupuestario. En este caso, lo único que queda es preguntarse cuándo llegarán los recortes y si serán tan importantes como lo parece.
La otra forma de acercarse a este tema (la nuestra) es asumir que esto siempre fue un trampantojo contable. En realidad, no hay una caja de la Seguridad Social, sino una caja del Estado español, que recauda todo tipo de impuestos (como las cotizaciones o el IRPF) y luego se lo gasta en todo tipo de prestaciones, subvenciones o ayudas (como las pensiones). Si uno lo mira de esta manera, hay muchas más alternativas a su disposición. Porque lo único relevante en este caso no es el saldo cotizaciones-pensiones (siempre deficitario). Si uno piensa en el conjunto de las cuentas públicas, se disparan las opciones. Aunque, eso sí, son todas malas:
- Más impuestos, como los tres aprobados en la reforma de 2023 (Mecanismo de Equidad Intergeneracional, Cuota de Solidaridad, subida de las bases máximas). Y no sólo impuestos ligados a las pensiones: también se puede subir el IRPF (como se viene haciendo, de forma indirecta, desde 2022), el IVA, Patrimonio...
- Más exigencias para cobrar las pensiones, con el objetivo de contener algo la subida del gasto futuro (más años para el cálculo de la base, elevar la edad de jubilación, más años cotizados para cobrar el 100% de la base...)
- Menos gasto en otras partidas del Presupuesto: de las obras públicas a la educación, hay otros lugares en las cuentas públicas en los que podría recortarse. ¿Impopular? Sí, pero es una opción.
- Recortes en las pensiones de los actuales pensionistas. Hasta ahora, siempre ha sido la última alternativa para cualquier Gobierno.
Aquí volvemos a la pregunta con la que iniciábamos este artículo. Si se dobla el número de pensionistas y España quiere mantener el sistema más generoso de Europa, esto implicará ajustes muy importantes en el resto del presupuesto. También se puede limitar el crecimiento de beneficiarios (por ejemplo, con la edad de jubilación) o hacer el sistema menos generoso. O una combinación de todo. Cada uno tendrá su apuesta sobre lo que ocurrirá finalmente.