La macrocausa contra la Agencia Tributaria Española (AEAT) impulsada por el bufete Amsterdam & Partners suma un nuevo y estremecedor testimonio. Tras los casos de Anna con el que se rompió el silencio y el doloroso testimonio de Michael, que ahondó en la revelación del infierno que están sufriendo cientos de contribuyentes que se acogieron a la llamada Ley Beckham, Libre Mercado recoge hoy el relato de "Lars" (pseudónimo), un profesional sueco que se trasladó a España junto a su familia tras invertir en una empresa local y acogerse al régimen fiscal especial de "trabajadores desplazados" o "impatriados".
Según describe nuestro protagonista, lo que empezó como una apuesta empresarial terminó en trauma personal, económico y familiar. Así, Lars llegó a España en 2017, después de más de una década en Alemania dirigiendo una exitosa consultora naval. Según explican desde Amsterdam & Partners, "su amigo Karl, de nacionalidad alemana, le propuso unirse a un nuevo proyecto empresarial en España. Lars adquirió el 20 % de la compañía, se trasladó a Madrid con su mujer Birgitta y sus hijos, y decidió acogerse al régimen fiscal especial para atraer talento internacional. Lo hizo tras recibir el consejo expreso de un abogado local y obtuvo de la AEAT el correspondiente certificado que aprobaba su inclusión en el régimen".
Durante años, Lars "presentó puntualmente el modelo 151, reservado a los beneficiarios de la Ley Beckham. Jamás recibió requerimientos, notificaciones ni advertencias por parte del fisco. Tampoco se le pidió presentar el modelo 100 —para residentes ordinarios— ni el modelo 720 sobre bienes en el extranjero, del que estaban exentos los impatriados".
Aunque la empresa en España no alcanzó los niveles de facturación esperados, "logró asentarse, contratar a personal local y desarrollar nuevos servicios. Birgitta, su esposa, fue contratada como consultora y firmó contratos con grandes firmas españolas. Además, la antigua empresa alemana de Lars seguía en funcionamiento y, en 2020, fue adquirida por una multinacional suiza. Como su participación estaba en una empresa extranjera y su régimen fiscal no obligaba a tributar por plusvalías foráneas, Lars no declaró la venta, puesto que no estaba obligado a ello según el marco legal de la Ley Beckham".
El inicio de la pesadilla
Tres años después, sin aviso ni contacto previo, la AEAT activó una inspección. El tono fue "de inmediato agresivo. Se pidió a Lars todo tipo de documentación: desde facturas y contratos hasta correos electrónicos, agendas personales, extractos de cuenta, y comunicaciones con la empresa suiza. La AEAT contactó con ex empleados, sus socios comerciales y con autoridades fiscales extranjeras, para rastrear cualquier indicio que justificara una teoría que ya habían decidido: que Lars nunca debió ser considerado impatriado".
El argumento del inspector era sorprendente: la empresa española era innecesaria, una "simulación", de modo que Lars solo habría venido a España para esquivar impuestos, y el certificado emitido por la propia Agencia no tenía validez alguna. La amenaza fue clara: se enfrentaría a una sanción millonaria y a un proceso penal… salvo en el caso de pagar al fisco más de un millón de euros, sumando impuestos, recargos e intereses.
"Nos rompieron como familia"
El impacto psicológico fue devastador. "No era una auditoría, era un ataque. Sentíamos que querían demostrar que éramos culpables de algo, aunque no sabían de qué", ha explicado Lars a Amsterdam & Partners. "Examinaban todo: nuestras decisiones profesionales, nuestros gastos, la vida escolar de nuestros hijos. Nos sentimos vigilados, acosados y finalmente expulsados. Nos rompieron como familia".
Finalmente, Birgitta y Lars tomaron una decisión dolorosa: abandonar España. En diciembre de 2023, regresaron a Suecia. "Nos fuimos sin mirar atrás. No sabíamos que en una democracia europea la Administración podía tratarte así después de haberte acogido a una ley vigente y haber tributado en base a un certificado emitido por ellos mismos".
Lars, desde Suecia, lo resume con amargura: "solamente queríamos trabajar y contribuir, pero nos lo pagaron con amenazas y humillación".
Críticas al fisco
Según el bufete que ha anunciado la macrocausa, "el caso de Lars no es solo una tragedia familiar. También es una derrota para la economía española. Un inversor que generó empleo, pagó impuestos durante años y apostó por España como destino, ha acabado expulsado por un sistema fiscal que parece premiar la intimidación y castigar la confianza".
El equipo legal de Amsterdam & Partners denuncia que el caso de Lars "encaja en un patrón de persecución sistemática contra impatriados. La AEAT reinterpreta su propia normativa con carácter retroactivo, ignora certificados oficiales, aplica presiones penales para forzar acuerdos económicos y socava el principio de seguridad jurídica".
La defensa de Hacienda
En respuesta a las denuncias presentadas por el bufete internacional, la Agencia Tributaria ha restado importancia a la macrocausa, asegurando que se trata de un número reducido de casos individuales que no reflejan el estado general de los contribuyentes vinculados al régimen fiscal de impatriados.
Hacienda ha defendido que actúa siempre conforme a la legalidad vigente, con respeto a los derechos de los contribuyentes, y ha recalcado que las inspecciones se abren únicamente cuando existen indicios fundados de incumplimiento, negando cualquier campaña sistemática de acoso o arbitrariedad.
No obstante, un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), firmado por diecisiete catedráticos y expertos en derecho tributario de reconocido prestigio, pone en duda la respuesta oficial de Hacienda. Según el citado documento, hay en España más de 230.000 procedimientos tributarios abiertos entre la Administración y los contribuyentes, una cifra que revela un nivel de litigiosidad sin precedentes y que, en opinión del centro de estudios asociado a la CEOE, "pone de manifiesto la creciente inseguridad jurídica del sistema fiscal español". Este volumen de conflictos fiscales, apuntan los autores del informe, no es compatible con un modelo tributario estable, predecible y respetuoso con el Estado de derecho.