Una vez más, las asociaciones animalistas han vuelto a la carga con su narrativa catastrofista contra el sector ganadero europeo, con especial virulencia hacia las llamadas "macrogranjas". Esta vez, el pretexto es un nuevo informe de la organización AGtivist, elaborado a instancia de parte, que denuncia la existencia de más de 22.263 granjas industriales de pollos y cerdos y pone el foco en España, que habría experimentado el mayor crecimiento de este tipo de explotaciones en la última década.
El informe de AGtivist —una entidad animalista con un claro activismo en contra del modelo intensivo— afirma que la Unión Europea tiene 10.862 granjas avícolas que albergan al menos 40.000 aves cada una (ambas criadas para producción de carne o huevos) y 8.854 granjas porcinas que albergan al menos 2.000 cerdos cada una (2.547 para cría de cerdos).
Además, en los últimos diez años, "2.746 megagranjas iniciaron sus operaciones en la UE, y el mayor ritmo de desarrollo se registró en España, donde se pusieron en marcha 1.385 nuevas granjas industriales en la última década", señala el informe que también destaca que "España cuenta con el mayor número de granjas porcinas industriales, con 2.580 de engorde y 821 de cría".
Las cifras del informe animalista son similares a las que recoge la Memoria Anual de 2023 del Ministerio de Agricultura. Según el Gobierno, el sector porcino es clave en la actividad agraria y la economía rural, con más de 86.000 explotaciones y un censo que supera los 30 millones de animales. Y aunque no existe una definición oficial de "macrogranja", el Ministerio estima que unas 3.217 explotaciones cumplen con los criterios establecidos para ser consideradas de gran tamaño, es decir, aquellas que albergan más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kg o más de 750 cerdas reproductoras.
Desigualdad estructural
El informe también destaca que mientras las llamadas "megagranjas" crecen en número y tamaño en la Unión Europea —con un aumento del 56% entre 2005 y 2020—, las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas han ido desapareciendo. En ese mismo período, se perdieron más de 5,3 millones de explotaciones, lo que supone una reducción del 44%. Sin embargo, culpar exclusivamente a las grandes explotaciones de esta desaparición resulta simplista ya que ignora de forma deliberada la presión de las normas impulsadas por el lobby animalista.
El fin de las jaulas, la reducción del censo de animales permitidos, las nuevas exigencias en el transporte de ganado vivo… son algunos ejemplos de la presión normativa que soportan los ganaderos. Si sumamos la asfixiante carga burocrática, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la desaparición de las explotaciones familiares con recursos limitados.
El debate del bienestar animal
El informe animalista destaca que en la UE hay más de 516 millones de animales en condiciones de explotación industrial precarias. En lo que respecta a España, se afirma que "investigaciones locales destacan la concentración de cerdos en granjas intensivas, donde viven confinados en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sufriendo lesiones y enfermedades sin tratamiento".
El informe no distingue entre explotaciones legales, bien gestionadas, y casos aislados de mala praxis. Tampoco hace referencia a las conclusiones del Informe Anual de Bienestar Animal de 2024 en el que el Ministerio de Agricultura afirma que "la ganadería española cumple con estrictas normativas de bienestar animal y sostenibilidad ambiental, supervisadas por controles oficiales".
Las principales asociaciones animalistas como Eurogroup for Animals se han hecho eco de este informe para impulsar su campaña para criminalizar el consumo de carne y para reducir o eliminar las explotaciones agrícolas, sin considerar el impacto en el medio rural, el empleo, la soberanía alimentaria europea o la libertad individual.